segunda-feira, 30 de novembro de 2009

Chile: el poder duro no basta



Raúl Sohr
La Nación

Hay quienes dicen que los chilenos son los fenicios de América Latina. El criterio dominante para definir las relaciones internacionales del país es uno y principal: el comercio. No en vano Chile es el Estado que ha firmado más tratados y convenios de libre comercio en el mundo. Las cifras de la rauda expansión de las exportaciones criollas son la prueba de una política exitosa. ¿Cómo se proyecta esta inserción en la globalización en el ámbito latinoamericano? El pecho de las autoridades se dilata: los capitales chilenos en el resto de la región suman 85 mil millones de dólares. Esto es alrededor de la mitad del Producto Interno Bruto nacional. Bueno, no exactamente capitales de todos los chilenos, sino que de algunas selectas empresas. Con todo, los empresarios nacionales, en el exterior, buscan la protección del gobierno y ello da una cuota de influencia a las autoridades políticas. Así aumenta la gravitación nacional en la región.

El aumento de la presencia empresarial chilena en los países latinoamericanos es señalado como un indicador de integración. Es un buen síntoma, sin duda, como lo es el enriquecimiento del país. A partir de esta premisa, se extrae la conclusión de que un país moderno debe contar con fuerzas armadas compatibles con su peso económico. Ésta es una tesis defendida con ahínco por los militares, pero que no guarda relación con una lógica política. La defensa de las naciones, que no aspiran a ser imperios, debe ser la necesaria para proteger su soberanía e intereses. En una zona de paz, como lo es Sudamérica, empujar procesos excesivos de modernizaciones despierta suspicacias. La suma de un país en plena expansión económica, en los mercados de las naciones vecinas, y que se arma por encima de ellas, crea inquietud y provoca dos reacciones: inseguridad y, en consecuencia, estimula el armamentismo.

Es bueno recordar algunas cifras y la más representativa, dado los distintos tamaños de los países, es el gasto en defensa per cápita. Según las últimos datos disponibles, Argentina destina 47 dólares; Bolivia, 17; Brasil, 86; Colombia, 123; Perú, 39, y Chile, 290 dólares por cada chileno; según lo consigna el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres en el Balance Militar del año pasado.

En las relaciones internacionales, se alude al poder económico y militar como el poder duro. A la diplomacia, a los intercambios culturales, deportivos, científicos, culturales y sociales se los ubica en el campo del llamado poder blando. En realidad, son dos caras de una misma moneda y de poco serviría uno sin el otro. Pero descansar sólo en el poder duro, conlleva el riesgo del rechazo. Los países más desarrollados entendieron este problema hace mucho tiempo y, por ello, prodigan becas de estudios, organizan eventos artísticos y cuentan con institutos culturales que contribuyen a lubricar las relaciones. Estimulan las visitas de los líderes de opinión. Saben de la seducción que ejerce sobre los visitantes apreciar los logros y tesoros culturales de una nación. La proximidad de las personas es la mejor manera de lograr confianzas mutuas. Y cuantos más intercambios, en especial de jóvenes, tanto mejor. Los europeos cuentan con enormes programas de estímulo para viajes juveniles en el viejo continente.

Chile ha invertido mucho en el poder duro y ha descuidado el poder de la persuasión, del encanto y de la simpatía. No es cuestión de vender un modelo o una forma de proceder. Es invitar a personas, de los más diversos ámbitos, para que puedan conocer el país según sus áreas de interés. Es algo que ya se hace, a pequeña escala, con Bolivia. Si se aplica el cuestionable argumento que el gasto bélico debe crecer a la par del PIB, lo mismo habría que aplicar, y con mayor razón, a las distintas instancias del poder blando.

Las palabras de Alan García, el Presidente del Perú, señalando que Chile siente envidia de su país son alarmantes. Reflejan una visión primaria de las relaciones entre los dos países. Lejos de competir y sentir envidias o complejos, Lima y Santiago deben cooperar y apoyarse mutuamente. Dos pequeñas naciones, lejos de los polos del desarrollo mundial, no pueden gastar sus limitadas energías en litigios estériles. La disputa por los límites marítimos es decimonónica. Dos países soberanos se ponen en manos de una corte internacional para que terceros resuelvan por ellos. Si se mira el conjunto de los intereses comunes, es incomprensible que un aspecto menor opaque, por años, una cooperación que dará réditos muy superiores a lo que está juego en La Haya. Para bailar tango se necesitan dos. Ambos países han cometido errores en el manejo de sus relaciones. Está en cada uno de ellos enmendar rumbos. Lo seguro es que más poder duro no mejorará la atmósfera. Una iniciativa de acercamiento, por la vía del poder blando, tomará varios años antes que muestre resultados visibles. Pero cuanto antes comience, mejor para todos.

domingo, 29 de novembro de 2009

Uruguay: Mujica vence en segunda vuelta

Agencias

Aunque aún falta la ratificación oficial, el candidato oficialista José "Pepe" Mujica fue elegido hoy nuevo presidente de Uruguay, según coinciden los sondeos a boca de urna y los primeros recuentos de votos.

Incluso su rival, y ex presidente, Luis Lacalle, reconoció su derrota en la segunda vuelta presidencial ante Mujica, "quien regirá los destinos del país desde el primero de marzo de 2010", según dijo en un discurso ante sus simpatizantes.

De acuerdo a las cifras de Fáctum, Mujica obtiene 52,1% y el conservador Luis Lacalle, 44,9%; mientras Cifra da 51,5% al ex guerrillero tupamaro y 44,4% al conservador.

Así, Mujica, quien cumplirá desde el 1 de marzo un segundo gobierno consecutivo para la alianza de izquierda Frente Amplio, se impuso sin sorpresas en el balotaje, que se celebró en medio de inundaciones y lluvias en parte del país.

Una marea humana de frenteamplistas, ondeando banderas uruguayas y rojas, azules y blancas, de la alianza, dieron de inmediato rienda suelta a su alegría contenida en la zona de la rambla montevideana que abraza el Hotel Columbia donde Mujica y Astori, flamantes presidente y vice, esperaron los resultados de los comicios.

Obama, Bush y los golpes de Estado latinoamericanos



Immanuel Wallerstein
La Jornada


Algo extraño está ocurriendo en América Latina. Las fuerzas de derecha en la región están emplazadas de tal modo que pueden desempeñarse mejor durante la presidencia estadunidense de Barack Obama que durante los ocho años de George W. Bush. Éste encabezaba un régimen de extrema derecha que no tenía ninguna simpatía para las fuerzas populares en América Latina. Por el contrario, Obama encabeza un régimen centrista que intenta replicar la política del buen vecino” que proclamara Franklin Roosevelt como forma de anunciar el fin de la intervención militar directa de Estados Unidos en América Latina.

Durante la presidencia de Bush, el único intento serio de golpe de Estado con respaldo de Estados Unidos ocurrió en 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela y tal asonada falló. Fue seguida de una serie de elecciones por toda América Latina y el Caribe, donde los candidatos de centro-izquierda ganaron en casi todos los casos. La culminación fue una reunión en 2008 en Brasil –a la que Estados Unidos no fue invitado y donde el presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió trato de héroe virtual.

Desde que Obama asumió la presidencia, se ha logrado perpetrar un golpe de Estado: en Honduras. Pese a la condena que expresó el mandatario, la política estadunidense ha sido ambigua y los líderes del golpe están ganando su apuesta de mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones para presidente. Hace apenas muy poco, en Paraguay, el presidente católico de izquierda Fernando Lugo pudo evitar un golpe militar. Pero su vicepresidente, Federico Franco, de derecha, está maniobrando para obtener de un Parlamento nacional hostil a Lugo un golpe de Estado que asume la forma de un enjuiciamiento. Y los dientes militares se afilan en una serie de otros países.

Para entender esta aparente anomalía debemos mirar la política interna de Estados Unidos, y cómo afecta la política exterior estadunidense. De vez en cuando, y no hace tanto tiempo, los dos partidos principales representaban a coaliciones de fuerzas sociales que se traslapaban, y en los que el balance interno de cada uno iba de una derecha, corrida del centro, en el caso del Partido Republicano, a una cierta izquierda, corrida del centro, para el Partido Demócrata.

Debido a que los dos partidos se traslapaban, las elecciones tendían a forzar a los candidatos presidenciales de ambos partidos más o menos hacia el centro, de modo de ganar sobre la fracción relativamente pequeña de votantes que eran los “independientes”, situados en el centro.

Éste ya no es el caso. El Partido Demócrata es la misma coalición amplia que siempre ha sido, pero el Partido Republicano se ha desplazado más a la derecha. Esto significa que los republicanos tienen una base menor. Lo lógico es que esto significara bastantes problemas electorales. Pero, como lo estamos viendo, esto no funciona exactamente de ese modo.

Las fuerzas de la extrema derecha que dominan el Partido Republicano están muy motivadas y son bastante agresivas. Buscan purgar a todos y cada uno de los políticos republicanos a quienes consideren demasiado “moderados” e intentan forzar a los republicanos en el Congreso a una actitud negativa uniforme hacia todas y cada una de las cosas que proponga el Partido Demócrata y en particular el presidente Obama. Los arreglos políticos de compromiso ya no son vistos como políticamente deseables. Por el contrario. A los republicanos se les presiona para marchar al ritmo de un solo tamborilero.

Entretanto, el Partido Demócrata opera como siempre ha operado. Su amplia coalición va de la izquierda a una cierta derecha del centro. Los demócratas en el Congreso invierten casi toda su energía política en negociar unos con otros. Esto implica que es muy difícil aprobar legislaciones significativas, como lo vemos actualmente con el intento de reformar las estructuras de salud estadunidenses.

Entonces, ¿qué significa esto para América Latina (y de hecho para otras partes del mundo)? Bush podía conseguir casi todo lo que quería de los republicanos en el Congreso, en el cual tuvo una clara mayoría durante sus primeros seis años de su régimen. Los debates reales ocurrían en el círculo ejecutivo interno de Bush, dominado básicamente por el vicepresidente Cheney durante los primeros seis años. Cuando Bush perdió las votaciones para elegir congresistas en 2006, la influencia de Cheney declinó y las políticas públicas cambiaron ligeramente.

La era de Bush estuvo marcada por una obsesión con Irak y en menor medida con el resto de Medio Oriente. Algo de energía quedaba para lidiar con China y Europa occidental. Desde la perspectiva del régimen de Bush, Latinoamérica se desvanecía poco a poco hacia el fondo. Para su frustración, la derecha latinoamericana no obtuvo el tipo común de involucramiento en su favor que esperaban y deseaban por parte del gobierno estadunidense.

Obama se enfrenta con una situación totalmente diferente. Tiene una base diversa y una agenda ambigua. Su postura pública se bambolea entre una firme posición centrista y unos moderados gestos de centroizquierda. Esto vuelve su posición política esencialmente débil. Obama desilusiona a los votantes de izquierda que él movilizó durante las elecciones, y que en muchos caso se retiran de lo político. La realidad de una depresión mundial hace que algunos de sus votantes centristas se aparten de él por miedo a una deuda nacional creciente.

Para Obama, al igual que para Bush, América Latina no está en la cúspide de sus prioridades. Sin embargo, Obama (a diferencia de Bush) está luchando duro por mantener la cabeza arriba del agua política. Está muy preocupado por las elecciones de 2010 y 2012. Y esto no es algo insensato. Entonces su política exterior está influida considerablemente por el impacto potencial que tenga ésta en dichas elecciones.

Lo que la derecha latinoamericana hace es sacarle ventaja a las dificultades políticas internas de Obama para forzarle la mano. Se percatan de que no cuenta con la energía política disponible para atajarlos. Además, la situación económica mundial tiende a redundar en contra de los regímenes en el cargo. Y en la América Latina de hoy son los partidos de centroizquierda los que están en el cargo. Si Obama lograra triunfos políticos importantes en los próximos dos años (una ley de salud decente, una real retirada de Irak, una reducción del desempleo), esto mellaría, de hecho, el retorno de la derecha latinoamericana. ¿Pero logrará tales triunfos?

sábado, 28 de novembro de 2009

Un funeral para Víctor Jara 36 años después de su muerte

Manuel Délano
El País

La familia del cantautor y director teatral chileno Víctor Jara prepara un homenaje en su honor para el 5 de diciembre. Se trata del funeral masivo que no pudo tener cuando fue asesinado por los militares poco después del golpe que derrocó en 1973 al presidente Salvador Allende.

Los restos de uno de los artistas chilenos más universales, creador de Te recuerdo Amanda y El cigarrito, que hoy interpretan cantantes como Joan Manuel Serrat y Víctor Manuel, serán nuevamente entregados a sus familiares. Esto se produce después de que un examen de peritos, ordenado por el juez que investiga este crimen, encontró más de 30 heridas de bala y huellas de torturas en los huesos de Jara.

El velatorio del cantautor comenzará el jueves 3 de diciembre con actos de homenaje que se extenderán durante día y noche de forma ininterrumpida hasta el sábado en el céntrico teatro que lleva su nombre. De esta manera, los chilenos podrán despedir a Jara en su segundo tránsito al Cementerio General de Santiago, donde será sepultado.

Su despedida se desarrollará con canciones, música, danza y lecturas de poesía, con el estilo del cantautor, que siendo pequeño acompañó a su madre a los velorios campesinos. Una manta roja cubrirá el ataúd, y el cortejo marchará a pie el sábado desde la Fundación Jara hasta el cementerio.

"Víctor pertenece al pueblo, a todos aquellos que han seguido y admirado su obra", afirmó Gloria Köning, directora ejecutiva de la Fundación Víctor Jara. "Acondicionaremos el lugar para que todos los artistas y las personas que deseen participar de este funeral lo puedan hacer dejando una flor, acompañándolo o rindiéndole un tributo", agregó.

Tras la exhumación del cuerpo, ordenada por el juez Juan Fuentes, sus restos fueron analizados por especialistas del Servicio Médico Legal (SML). Las muestras de su ADN y de sus familiares fueron enviadas al Instituto Genético de Innsbruck en Austria, donde confirmaron su identidad.

El informe médico del SML sostiene que los restos de Jara presentan "múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un shock hemorrágico en un contexto de tipo homicida". Algunas de sus lesiones óseas fueron provocadas por "objetos contundentes", sostuvo el director del SML, Patricio Bustos.

Hace 36 años, en septiembre de 1973, durante los primeros días de la dictadura del general Augusto Pinochet, al semiclandestino funeral del cantautor sólo pudieron asistir su viuda, Joan Jara, y dos personas más. Los restos del cantautor estuvieron a punto de perderse, como los de muchas otras víctimas.

Jara, un versátil creador, hijo de campesinos humildes, que militaba en el Partido Comunista, fue tomado prisionero por los militares en la Universidad Técnica del Estado, donde trabajaba, y permaneció con 600 estudiantes y profesores para defender el Gobierno de Allende. Los militares lo trasladaron al Estadio Chile, hoy bautizado como Víctor Jara, donde después de torturarlo lo acribillaron en el subterráneo del lugar, arrojando su cuerpo y los de otras víctimas junto al muro de un cementerio en el sur de la capital.

Reconocido por vecinos del lugar, fue trasladado al SML, donde quedó entre cientos de otros cuerpos. Un trabajador del Servicio Médico Legal avisó a la viuda y ésta pudo rescatar el cuerpo y sepultarlo.

La investigación judicial no ha dado todavía con todos los responsables del crimen. El conscripto José Paredes, que confesó haber disparado contra el cantautor y después se retractó, y el coronel Mario Manríquez, que dirigió el campo de prisioneros instalado en el Estadio Chile, están procesados por este caso.

quinta-feira, 26 de novembro de 2009

Mercado de carbono y calentamiento global (2)

Alejandro Nadal
La Jornada

En los últimos 250 años la generación de gases de efecto invernadero asociada a la revolución industrial llegó a cambiar la composición química de la atmósfera. El proceso de calentamiento global es el resultado. Hoy que el problema ha sido plenamente identificado, el capitalismo no ha titubeado.

Fiel a su esencia, se ha aprovechado para generar un nuevo espacio de rentabilidad. No importa que después ya no quede nadie para contar el dinero.Para tomar ventaja de este nuevo espacio de rentabilidad, el capital busca crear un nuevo mercado de carbono, basado en una privatización de facto y retroactiva de la atmósfera. Se trata de crear derechos comerciales sobre la atmósfera para aquellos que generaron el problema: a las industrias emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) se les asigna una cuota permitida de emisiones. La diferencia entre sus emisiones reales y el tope de la cuota puede ser vendido en el mercado de carbono a las empresas que exceden su cuota.

Esto equivale a privatizar los derechos a contaminar un espacio que antes no tenía dueño. Se podría haber generado un régimen jurídico que declarara a la atmósfera patrimonio común de la humanidad, con una autoridad regulatoria y un sistema de gestión comunitario (internacional). Ese sistema podría permitir reducciones de emisiones más rápidas. Pero no. En el delirio neoliberal se prefirió la privatización y seguir la canción anacrónica de las ventajas de los mecanismos de mercado. El Protocolo de Kyoto ya consagra esta privatización de la atmósfera con sus esquemas de mercado de carbono y los mal llamados mecanismos de desarrollo limpio. Y adivinen quién fue uno de los principales promotores para incorporarlos en ese tratado: nada menos que el campeón del medio ambiente y premio Nobel Al Gore.

Las mercancías en el mercado de carbono son las cuotas permitidas de emisiones de GEI. Ahora el problema es determinar su precio. Si las cuotas son muy generosas al principio, habrá una súper abundancia de la mercancía y el precio será muy bajo. No habrá ningún incentivo para venderla en el nuevo mercado y, por lo mismo, tampoco habrá un incentivo para reducir las emisiones. Desde esa perspectiva, se busca que las cuotas permitidas sean lo suficientemente bajas para ir creando algo de escasez y asegurar un precio adecuado para la nueva mercancía.

Ese balance ha sido muy problemático en el principal mercado de cuotas permitidas de emisiones de GEI. En efecto, cuando arrancó el sistema de comercio de derechos de emisión en la Unión Europea (EU ETS, por sus siglas en inglés) se asignaron cuotas permitidas en demasía. Y por supuesto, tal y como lo exige el esquema del mercado de carbono, las cuotas más importantes se asignaron a los principales contaminadores: el sector de generación de energía eléctrica, la industria siderúrgica, las refinerías, la extracción de crudo y las industrias de cemento, química y de papel.

La sobreabundancia de cuotas permitidas se convirtió en un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado de carbono porque el precio de la tonelada de carbono se desplomó. En realidad, la llamada primera etapa del mercado europeo de carbono fracasó porque el reparto de cuotas permitidas fue ultra generoso.

De hecho, las emisiones de GEI en el entorno del mercado europeo no se han reducido. Se puede decir que se necesita más tiempo. Pero para que se puedan obtener resultados se necesitará ajustar significativamente las cuotas permitidas hacia abajo. Habrá que ver si las presiones de la industria sobre parlamentos y gobiernos lo permiten. La experiencia histórica no alimenta el optimismo. De todos modos, el mercado de carbono seguirá siendo un sistema de incentivos para la especulación y para posponer la transformación estructural que la emergencia del calentamiento global demanda.

Otro componente del mercado de carbono se encuentra en los esquemas de desarrollo limpio. En este caso, las emisiones de GEI de un agente en un país industrializado pueden compensarse con proyectos de reducción de emisiones o de captura de carbono en otros países, en especial en los países no industrializados. Éste es un mecanismo lleno de problemas, pero las presiones para que se mantenga en el acuerdo sucesor del Protocolo de Kyoto son enormes. Y la razón es sencilla: los certificados de reducción de emisiones constituyen otro jugoso filón del mercado mundial de carbono.

Cuando se observa que Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merril Lynch (Bank of America), Deutsche Bank, BNP Paribas y otras instituciones que nos dieron la mega-crisis económica y financiera global que todavía sufrimos han establecido ramas especiales para sacar provecho del mercado de carbono, hay que comenzar a preocuparse. Es evidencia de que las oportunidades para crear espacios de valorización del capital nunca se desperdician. Y el problema del calentamiento global no es una excepción. ¿Que el futuro de la biósfera está en juego? ¡Qué importa! Para el capital el delirio de la ganancia infinita es más grande que la muerte del planeta.

terça-feira, 24 de novembro de 2009

Incógnita marca las próximas elecciones en Chile

Fernando de la Cuadra
ALAI

Las elecciones del próximo 13 de diciembre ya se encuentran en la recta final y el horizonte no se vislumbra totalmente claro. La incertidumbre ha sido colocada principalmente por el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami, que aparece en los últimos sondeos en empate técnico con relación a Eduardo Frei, el candidato oficialista. En efecto, según la encuesta CERC (del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea) Enríquez-Ominami y Frei se encuentran empatados con el 20 por ciento de las intenciones de voto. Pero esta igualdad refleja dos movimientos opuestos. Mientras Frei retrocede del 25 al 20% respecto a los últimos sondeos de agosto, Enríquez-Ominami continúa en alza pasando del 14 al 20%, colocando una nota de indefinición sobre cual de ellos pasará finalmente a segunda vuelta, en enero del 2010.

En otra encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), el candidato de la derecha continúa al frente con un 36% de las preferencias, superando en 10 puntos porcentuales al abanderado de la Concertación que tiene un 26% de los potenciales sufragios. A pesar de esta significativa ventaja, Piñera depende mucho del candidato que pasará a la segunda vuelta a ser realizada el 17 de enero. En el más probable escenario electoral de disputa con Frei, la derecha va a depender totalmente de las alianzas que sea capaz de construir con las fuerzas que apoyan a Enríquez-Ominami, que aparece con un 19% de intención de voto. A pesar de su buen desempeño en los debates entre los cuatro contendores, el candidato de la izquierda Jorge Arrate no ha superado el 5% en la predilección de los electores.

Riesgo de crecimiento del voto de la derecha

Los publicistas de la derecha vienen trabajando la imagen de que este sector ha crecido en las preferencias de los votantes. Sin embargo, en términos electorales la derecha en Chile se mantiene con un techo que alcanza al 47%, razón por la cual ha perdido por estrecho margen en las últimas dos contiendas presidenciales. En todo caso, nada impide pensar que este panorama pueda revertirse el presente año.

Piñera es un personaje que ya lleva varios años de protagonismo en la arena empresarial y política. Se transformó en un acaudalado empresario como administrador de las tarjetas de crédito y posteriormente ha realizado importantes adquisiciones de empresas, equipos de fútbol y un canal de televisión. Por su estilo truculento y de pocos escrúpulos, muchos ya lo comparan con Berlusconi. Y efectivamente, la propiedad de un medio de comunicación tan influyente como la televisión le puede dar el impulso final para vencer en la próxima contienda electoral.

Por su parte, Eduardo Frei no consigue capitalizar el apoyo popular que tiene el gobierno de Bachelet y la alta aprobación de que goza la mandataria: 78% según la misma encuesta CEP. En sus recientes declaraciones Frei ha reiterado que él es “más Bachelet” pero con distinto envase. El problema es que el nuevo envase no consigue encantar a los electores. A pesar de todos los esfuerzos de sus asesores de campaña, Frei sigue siendo una figura poco atractiva para la mayoría de la población, inclusive para los miembros de su propio partido, la Democracia Cristiana. A ello se suma el hecho de que los partidos de la Concertación están muy desgastados, con una dramática perdida de su capacidad movilizadora como proyecto democratizador de la sociedad chilena, con su fuerte impronta modernizadora y de progresismo social.

Si Piñera y Frei se consolidan como los ganadores en la primera vuelta de diciembre, es muy probable que el primero pueda capitalizar un voto de descontento o castigo del electorado hacia el conglomerado oficialista, aunque todavia se puede dar la tendencia más previsible: el apoyo en las urnas de los simpatizantes de Enríquez-Ominami y Arrate fluirá mayoritariamente hacia la candidatura de Frei. El propio Arrate ha planteado recientemente un "acuerdo mínimo" para derrotar a Piñera y su plataforma de derecha. Dicho traspaso de sufragios representaría un giro definitivo en la carrera presidencial. Sin embargo, la incógnita sigue siendo la marca registrada de estas elecciones, con un final que se mantiene abierto como en las mejores películas de suspenso.

segunda-feira, 23 de novembro de 2009

Copenhague: Seattle crece


Naomi Klein
The Nation

El otro día recibí una copia del borrador de The Battle of the Story of the Battle of Seattle (la batalla de la historia de la batalla de Seattle), de David Solnit y Rebecca Solnit. Se planea que aparezca diez años después de la histórica coalición de activistas que cercaron la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, la chispa que encendió el movimiento global anti corporaciones multinacionales.

El libro es un relato fascinante de lo que sucedió realmente en Seattle, pero cuando hablé con David Solnit, el gurú de la acción directa que ayudó a ingeniar el cerco, le encontré menos interesado en recordar 1999 que en hablar sobre la próxima cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático en Copenhague y las acciones de “justicia climática” que está ayudando a organizar a lo largo de Estados Unidos el 30 de noviembre. “Este es definitivamente un momento tipo Seattle”, me dijo Solnit. “La gente está lista para salir a la calle”.

Hay ciertamente algo de Seattle en la movilización de Copenhague: la amplia gama de grupos que allí estarán; las diversas tácticas que se mostrarán; y los países en desarrollo prestos a llevar las demandas activitas a la cumbre. Pero Copenhague no es sólo una segunda oportunidad de Seattle. En vez de eso, parece como si las placas tectónicas se estuvieran desplazando, creando un movimiento que se construye sobre la fortaleza de una era precedente pero que a su vez aprende de los errores.

La gran crítica al movimiento que los medios de comunicación insisten en llamar “antiglobalización” fue siempre que tenía una larga lista de agravios y pocas alternativas concretas. En cambio el movimiento convergente en Copenhague trata una única temática – el cambio climático – pero teje una narrativa coherente sobre la misma y sus soluciones que incluyen virtualmente cada asunto del planeta. En esa narrativa, nuestro clima está cambiando, no simplemente por prácticas contaminantes particulares, sino por la lógica subyacente del capitalismo que valora el beneficio a corto plazo y el crecimiento perpetuo por encima de todo. Nuestros gobiernos nos harían creer que la misma lógica puede ser utilizada ahora para solucionar la crisis climática mediante la creación de una mercancía comercializable llamada “carbono” y transformando los bosques y campos de cultivo en “sumideros” que supuestamente compensarían nuestras emisiones descontroladas.

Los activistas por un clima justo en Copenhague argumentan que, lejos de resolver la crisis climática, el comercio de carbono representa una privatización sin precedentes de la atmosfera, y que estas compensaciones y sumideros amenazan con convertirse en un robo de recursos de proporciones coloniales. Las soluciones basadas en el mercado, no sólo no llegarán a solucionar la crisis climática, sino que este fracaso profundizará dramáticamente en la pobreza y desigualdad porque la gente más pobre y vulnerable es la víctima principal del cambio climático así como el conejillo de indias de estos esquemas comercio–emisiones.

Pero los activistas en Copenhague no dirán simplemente un no a todo esto. Avanzarán contundentemente soluciones que simultáneamente reduzcan emisiones y estrechen la desigualdad. A diferencia de cumbres previas, en las que las alternativas parecían ideas de último momento, en Copenhague las ideas tomarán el centro del escenario. Por ejemplo, la coalición de acción directa Climate Justice Action ha hecho un llamamiento a los activistas a lanzarse sobre el centro de conferencias el día 16 de diciembre. Muchos lo harán como parte del bloque – bici, conduciendo juntos en la hasta ahora desconocida “nueva máquina irresistible de resistencia” hecha de cientos de viejas bicicletas. La meta de la acción no es cerrar la cumbre, al estilo Seattle, sino abrirla transformándola en “un espacio para hablar de nuestra agenda, una agenda desde abajo, una agenda de justicia climática, de soluciones reales contra falsas soluciones… Ese día será nuestro”.

Algunas de las soluciones que se ofrecen desde el campo activista son las mismas que el movimiento de justicia global ha estado defendiendo durante años: agricultura local y sostenible; proyectos energéticos más pequeños y descentralizados; respeto a los derechos de los indígenas sobre su tierra; dejar los combustibles fósiles en la tierra; ajustar las protecciones en tecnología verde; y pagar por estas transformaciones tasando las transacciones financieras y cancelando la deuda externa. Algunas soluciones son nuevas, como la creciente demanda de que los países ricos paguen reparaciones por “deuda climática” a los pobres. Son palabras mayores, pero todos acabamos de ver la clase de recursos que nuestros gobiernos pueden destinar cuando se trata de salvar a las élites. Como dice un eslogan pre – Copenhague: “Si el clima fuera un banco, hubiera sido salvado” – no abandonado a la brutalidad del mercado.

Además de la coherente narrativa y el hincapié en las alternativas, también hay muchos otros cambios: una aproximación a la acción directa más meditada, que reconoce la urgencia de hacer más que solamente hablar pero que está determinada a no jugar al cansino guión de policías contra manifestantes. “Nuestra acción es la de la desobediencia civil”, dicen los organizadores de la acción del 16 de diciembre. “Superaremos cualquier barrera física que se interponga en nuestro camino – pero no responderemos con violencia si la policía [intenta] una escalada de la situación”. (Dicho esto, no hay manera de que una cumbre de dos semanas no incluya unas pocas batallas entre policías y chavales de negro; esto es Europa después de todo).

Hace una década, en un artículo de opinión del New York Times publicada tras el cierre de Seattle, escribí que un nuevo movimiento que abogaba por una forma de globalización radicalmente diferente “acaba de tener su fiesta de presentación”. ¿Cuál será el significado de Copenhague? Le hice esta pregunta a John Jordan, cuya predicción de lo que eventualmente sucedería en Seattle cité en mi libro No Logo. Respondió: “Si Seattle fue el movimiento de presentación en sociedad de los movimientos, entonces Copenhague tal vez sea la celebración de su mayoría de edad”.

Advierte, sin embargo, que crecer no significa jugar seguro, dejando de lado la desobediencia civil en favor de reuniones formales. “Espero que hayamos crecido para volvernos mucho más desobedientes”, dice Jordan, “porque nuestra vida en este mundo podría acabar por demasiados actos de obediencia”.

domingo, 22 de novembro de 2009

El reto de Bersani de enderezar Italia

Shukri Said
El País

Tras muchos (demasiados) meses, por fin, el mayor partido de la oposición italiana, el Partido Democrático, tiene un secretario en la persona de Pierluigi Bersani. Sin embargo, este resultado se ha obtenido con una destacada disminución del número de electores respecto a las anteriores "primarias", el singular mecanismo (de un solo partido) previsto en los complicados estatutos del PD para escoger a su líder.

Por otra parte, la desafección de los electores es un dato constante en esta oposición que, frente a Berlusconi, lleva años olvidándose de intervenir para resolver el conflicto de intereses y no ha conseguido apasionar a la población con su programa. Además, la caída del 30% en el número de votantes en las primarias internas del PD ha ido acompañada del descenso en las últimas elecciones europeas y administrativas de 2009 y en las generales de 2008, que reinstauraron a Berlusconi en el gobierno del país.

La victoria de Bersani en el PD es la victoria del ala que depende de D'Alema, descendiente directo del viejo Partido Comunista. A él se ha opuesto siempre Walter Veltroni, procedente del mismo ámbito, en una lucha eterna por la primacía en la izquierda que ha pasado por diversas vicisitudes.

En esta ocasión, los dos adversarios se habían colocado, D'Alema en apoyo de Bersani y Veltroni en apoyo del católico Franceschini, que hace unos meses le sustituyó de forma provisional en la dirección del PD cuando Veltroni tuvo que dimitir como secretario por la derrota en las últimas elecciones administrativas y europeas, en las que descendió al 26% de los votos.

Las trayectorias políticas de D'Alema y Veltroni han sido a menudo paralelas: ambos dirigieron L'Unità, el diario del PCI fundado por Antonio Gramsci; ambos fueron secretarios del PDS (Demócratas de Izquierda), el partido nacido de la evolución del PCI, y al que Veltroni llevó al mínimo histórico del 17%. Cuando Veltroni fue elegido secretario del PD, en realidad no tenía más programa que el eslogan de Obama, "Yes we can", traducido inútilmente como "Si può fare ("Se puede hacer").

Pero D'Alema fue también presidente del Consejo, y Veltroni fue, durante dos mandatos, alcalde de Roma. D'Alema es apreciado por sus colegas y temido por sus adversarios, que son muchos, porque no goza precisamente de un carácter integrador. A él se debe la elección de Romano Prodi para dirigir El Olivo, la coalición que reagrupaba a las diversas corrientes del centro-izquierda y que venció en dos ocasiones a Berlusconi.

La victoria de Bersani y la reafirmación del ala de D'Alema ponen en crisis al ala católica del PD, y uno de sus representantes más visibles, Francesco Rutelli, está pensando en una miniescisión que traslade a 25 parlamentarios al partido católico por excelencia, la UDC de Pierferdinando Casini. De ese modo, Rutelli completará una de las trayectorias más largas de la política italiana, que comenzó como secretario del partido más anticlerical, el Partido Radical, y seguramente culmine ahora en la UDC, uno de los partidos más conservadores del Parlamento.

Este pequeño fallo parece beneficioso, porque contribuirá a aclarar el ánimo y las perspectivas del PD, que, de ese modo, quizá podría atraer a ese 10% de electores laicos que hasta ahora han tenido escasa representación entre, por un lado, la izquierda tradicional de Refundación Comunista de Paolo Ferrero e Izquierda y Libertad de Niki Vendola, y, por otro, el Partido Radical de Marco Pannella y Emma Bonino.

Con la reafirmación de Bersani, la corriente de D'Alema vuelve a controlar los destinos de la alternativa a Berlusconi en uno de los momentos más difíciles para Italia, en plena crisis económica y, sobre todo, moral. En efecto, el electorado italiano, en su conjunto, ha sufrido un doble golpe directo.

Cuando la opinión pública todavía no había tenido tiempo de absorber el escándalo de que Berlusconi, primer ministro y fundador del PDL, frecuente la compañía de menores y prostitutas, llegó el escándalo de Piero Marrazzo, gobernador de la región del Lazio (la región de Roma) y afiliado al PD, sometido al chantaje de cuatro carabinieri que le sorprendieron y le filmaron en situación de intimidad con un transexual.

Además, en este segundo escándalo se incluye un tercero más inquietante: el de las fuerzas del orden que, en vez de proteger la intimidad de un miembro de las instituciones, le hacen chantaje y tratan de vender a la prensa el vídeo rodado durante la irrupción en la vivienda privada en la que se desarrollaba el insólito espectáculo. Y luego se ha sabido que fue el propio Silvio Berlusconi quien advirtió a Marrazzo que circulaba entre los editores un vídeo comprometedor para él y le dio las indicaciones necesarias para encontrar a quien lo había puesto a la venta y pedirle que retirase la "mercancía" del mercado, en vez de invitarle a denunciar el chantaje.

¡Y pensar que Marrazzo había sido elegido para limpiar las calles del fenómeno de la prostitución! El escándalo con luces rojas del gobernador del Lazio estalló dos días después de que los jueces de Campania expulsaran de la región a la presidenta del Consejo regional, Sandra Lonardo, esposa del eurodiputado del PDL Clemente Mastella, por malversación, y tres días después de que en la región de Lombardía se detuviera a otros representantes del PDL, cercanos al gobernador Formigoni. En los últimos días ha habido otras detenciones de miembros del PD en Toscana por construcciones ilegales.

El panorama político italiano se manifiesta así de desolador y casi desesperanzador para los ciudadanos honrados, que ya no encuentran, en esta turbia democracia, ningún asidero al que confiar las aspiraciones de un país normal.

El sistema está podrido. Falta la cultura de la verdad y la legalidad. Prevalece la hipocresía de ir a la iglesia a ponerse una alianza en el dedo, frecuentar el amor mercenario y después salir a la calle a apoyar a la familia, o la lucha contra la prostitución, o contra los derechos de las parejas de hecho y los homosexuales. Es una hipocresía que viene de lejos, de la educación bienpensante y clerical que atribuía al político de turno la liberación de los pecados, en primer lugar la prostitución y la corrupción, para luego descubrir que el político de turno es el primer consumidor de ellos. Un asunto viejo que confirma que la Segunda República conserva la peor parte de la primera y es capaz de ocultar, con el control de la información, todo lo que no agrada al poder.

Un país que rechaza a la inmigración sin comprobar previamente quién tiene derecho de refugiado, que niega los derechos de los inmigrantes, que no acepta la regulación de las parejas de hecho, que niega los derechos a los homosexuales y los persigue, que elude abordar el uso de la píldora abortiva RU486 -que se vende en Francia desde hace decenios y en las farmacias españolas-, mientras los periódicos muestran los ríos de cocaína que inundan los edificios del poder, las mafias que se apoderan de las instituciones, los vicios privados que corren bajo las públicas virtudes, es un país en el que hay demasiadas cosas que no funcionan y demasiada corrupción instalada. El reto definitivo es si Bersani será capaz de enderezar la nave a la deriva de Italia.

sábado, 21 de novembro de 2009

La guerra social

Sergio Grez
The Clinic

La idea de “guerra social” nos remite a un conflicto particularmente agudo entre componentes antagónicos de una sociedad, enemigos que se perciben como irreconciliables y que buscan su eliminación completa, no solo política o económica sino también física. El más acendrado odio clasista, racial o religioso es su principal motor. Se trata de enfrentamientos no temperados por mediaciones ideológicas, culturales o políticas como las que intervienen en tiempos “normales”, cuando la hegemonía de unos, o el sistema político, o un consenso social mínimo canalizan el conflicto por cauces que impiden la destrucción mutua de los bandos en lucha.

Características de “guerras sociales” tuvieron los levantamientos de esclavos desde la Antigüedad hasta el siglo XIX y de los campesinos contra sus señores en la Europa de la Edad Media, de los Tiempos Modernos y de comienzos de la Época Contemporánea. La ejecución de los amos acompañó invariablemente estas sublevaciones La quema de castillos y de “cartas” en la que estaban inscritos los derechos feudales que condenaban a los siervos a la más oprobiosa miseria y dominación fue uno de los elementos que minó y terminó por derribar a la sociedad feudal. La “guerra a los castillos” de los campesinos hambrientos y harapientos perturbó durante siglos el sueño de los nobles que, cada vez que se presentó la ocasión, respondieron a la “guerra social” de los pobres con la “guerra social” de los poderosos: los tormentos de todo tipo, la horca, la hoguera, las excomuniones, la acción de curas e inquisidores y la política de tierra arrasada fueron las armas de los dominadores. La “guerra social” de los de arriba fue la respuesta a la “guerra social” de los de abajo.

También tuvieron aspectos de “guerra social” (de razas y de castas) las acciones punitivas de una crueldad extrema de los conquistadores blancos en América, Asia y África, desde los Tiempos Modernos hasta el siglo XX, y los levantamientos de indígenas, negros, amarillos, mestizos y demás mezclas de estos continentes contra sus dominadores. La lista de ejemplos es larguísima. Entre los más conocidos en América podemos citar la insurrección en el siglo XVIII de Tupac Amaru y la feroz reacción represiva en su contra de los representantes del Rey de España en el Virreynato del Perú. Tan o más despiadados como estos fueron los episodios de “depuración étnica” y guerra de castas que acompañaron la rebelión de esclavos negros en Haití a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Allí se enfrentaron esclavos negros contra esclavistas blancos, pero también negros contra mestizos. Intervinieron franceses, españoles e ingleses que concluyeron alianzas momentáneas con los negros o con los mestizos. Estas luchas desembocaron en la formación de la primera república independiente en América Latina. El líder negro Jean-Jacques Dessalines proclamó en 1804 la Independencia de Haití y ordenó la muerte de todos los blancos con la sola excepción de religiosos y médicos, prohibiéndoles que tuvieran propiedades. Los oficiales franceses respondieron ordenando la caza de todos los niños negros de ambos sexos menores de catorce años para ser vendidos como esclavos, Dessalines (que se había hecho proclamar Emperador), replicó arrasando buena parte del sector oriental de la isla (actual Santo Domingo), pero no logró doblegar por completo a los franceses.

Pocos años más tarde la “guerra social” acompañó el nacimiento de varias repúblicas hispanoamericanas. Uno de los casos más crudos fue el de Venezuela. La dirección de la lucha independentista por la aristocracia (la clase mantuana) empujaba a los negros, mulatos, pardos, quinterones, zambos, e incluso a los blancos pobres, a oponerse a los patricios patriotas percibidas como sus principales enemigos. Por ello las masas venezolanas marcharon detrás del capitán de fragata Domingo Monteverde, un canario que desembarcó en 1812 en Corio para defender los derechos del rey de España. Muy pronto sus doscientos treinta hombres (entre españoles y corianos) fueron miles (la inmensa mayoría venezolanos). A nombre del monarca, Monteverde autorizó el saqueo de los mantuanos. Los soldados patriotas se pasaron por centenares a las filas realistas. La guerra adquirió un marcado carácter social: las masas populares saquearon, violaron y destruyeron. Luego de la derrota de Monteverde en 1813, otro español, José Tomás Boves, decretó en los llanos la “guerra a muerte” contra los patriotas. Los llaneros de todos los colores se sumaron en masa a las tropas de este oficial realista e hicieron la “guerra social”. A las matanzas de españoles, canarios y venezolanos sospechosos de ser realistas cometidas por las “Tropas de exterminio” de Bolívar, respondieron las matanzas de mantuanos sin distinción de partidos cometidas por los llaneros de Boves. A pesar de que este caudillo no respetaba ni las iglesias ni su propia palabra, el éxito lo acompañó hasta su muerte en la batalla de Urica (5 de diciembre de 1814), ocasión en que sus tropas derrotaron a los patriotas, provocando el colapso de la Segunda República venezolana. Aunque Bolívar –como todos los representantes de la clase mantuana- era reacio a reconocer el origen racial y social de la guerra que lo expulsó de su país en 1814, terminó hablando de una “guerra de colores”, es decir, de razas. Su cambio de percepción fue acertado. Luego del desembarco de Morillo -un alto oficial español que hacía la guerra en términos más clásicos y no conocía la realidad venezolana-, los llaneros de Boves buscaron entre los jefes de los ejércitos patriotas a aquellos que pudieran garantizarles impunidad por sus acciones pasadas y concederles tierras, rangos militares o pensiones.

Un cierto parecido con lo ocurrido en Venezuela, aunque menos intensamente, se observó en las guerras de Independencia en Chile, especialmente después de la derrota realista de Maipú (1818). El chileno Vicente Benavides acaudilló a los partidarios del rey de España en el sur y desarrolló la “guerra a muerte” contra los patriotas. También se sumaron a la resistencia realista varias montoneras autónomas, la banda guerrillera de los hermanos Pincheira y algunas tribus mapuches. Ambos bandos cometieron todo tipo de atropellos y exacciones. Las autoridades patriotas reconocieron la “guerra de vandalaje”, incentivando la violencia sin cuartel. Miles de campesinos chilenos se unieron a las fuerzas del monarca por odio a sus patrones criollos y para escapar a las levas forzosas de los ejércitos de “la Patria”. La guerra campesina realista adquirió, como en tantas otras oportunidades un carácter “social”. Ni el fusilamiento de Benavides en 1822 pudo asegurar la paz en el sur del país. Los Pincheira (bandidos tradicionales que asumieron la defensa del rey y lograron concitar gran apoyo popular) ampliaron enormemente hacia el norte su radio inicial de acción, la zona de Chillán y San Carlos. En 1822 saquearon Parral, en 1823 Linares, en 1825 pasaron a la Pampa argentina. En 1827, atacaron Curicó, Longaví, Cumpeo y la zona de Antuco. De vuelta en Argentina, incursionaron en las zonas de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El 10 de julio de 1829 los Pincheira llegaron a las puertas de Mendoza. Al año siguiente alcanzaron las orillas del Maipo, en San José. El gobierno de Chile recurrió a todos los medios para derrotarlos: cerró ciudades, fortificó los pasos cordilleranos, hizo la guerra a los indígenas que los ayudaban y se buscó la alianza con sus enemigos. Solo en 1832, recurriendo a la traición, el general Manuel Bulnes logró vencerlos y tomar la cueva donde funcionaba el cuartel general del último de ellos, José Antonio Pincheira.

La “guerra social” de los campesinos chilenos fue derrotada por las fuerzas del Estado republicano, pero renació en las guerra civiles de 1851 y 1859, siendo adoptada también por otros grupos populares, como los mineros del Norte Chico, que sumándose a los insurrectos liberales aprovecharon la oportunidad para levantarse utilizando los métodos de la “guerra social”: saqueos, depredaciones y castigos a los propietarios sin distinción de bandos políticos.

En estos conflictos y en muchos otros ocurridos durante la Época Contemporánea se pueden apreciar de manera muy decantada los rasgos de toda “guerra social”: violencia extrema sobre el enemigo de clase, de raza o de religión, pero por sobre todo, violencia ejercida directamente por la masa, con un alto grado de autonomía e iniciativa propia, a veces en consenso con ciertas instituciones (partidos, movimientos, organismos estatales, jerarquías militares, civiles o eclesiásticas), pero muy frecuentemente desbordándolas.

Las ejecuciones masivas de prisioneros y la persecución despiadada de los trabajadores parisinos vencidos por las tropas de la burguesía republicana en las jornadas de junio de 1848 y los fusilamientos en masa de “comuneros” en las calles y en el cementerio Père Lachaise de la “ciudad luz” en mayo de 1871, tuvieron el sello de la “guerra social” de los ricos contra los pobres. Los “pogroms” anti judíos en el imperio ruso zarista, el genocidio armenio cometido por los turcos durante la Primera Guerra Mundial, la “solución final” implementada por el nazismo en contra de los judíos, gitanos, ciertos pueblos eslavos y otros grupos considerados como “inferiores” o “subhumanos” durante la Segunda Guerra Mundial, fueron episodios de una “guerra social” de tipo racial. Ciertos pasajes de la guerra civil rusa (combinada con intervención extranjera) después del triunfo de la Revolución de octubre, y la guerra anti campesina (“colectivización forzosa de la agricultura”) decretada por Stalin a fines de la década de 1920 en la Unión Soviética, fueron más bien de tipo clasista. Simplificando, podemos decir que en la primera se enfrentaron con saña los trabajadores revolucionarios con las fuerzas de las antiguas clases dirigentes, aristócratas y burguesas, y en la segunda la nueva clase dominante, la burocracia o nomenklatura soviética, arregló cuentas con el campesinado para someterlo definitivamente al despotismo del Estado burocrático “socialista”.

También tuvieron características de “guerra social” de clases las matanzas de cerca de medio millón de comunistas y militantes populares perpetradas en 1965 en Indonesia por los militares con la colaboración activa de numerosos civiles (musulmanes y católicos), lo que prueba que su carácter fue de tipo político y social (no racial ni religioso). El exterminio indonesio se convirtió desde entonces en el símbolo de la “guerra social” de las clases pudientes contra los sueños igualitarios de los desposeídos. “Yakarta viene”, era el siniestro presagio que los golpistas chilenos escribían en los muros de las ciudades durante los mil días de la Unidad Popular, anunciando su “guerra social” anti popular, la “guerra de los momios” de la primavera de 1973.

El genocidio de cerca de dos millones de personas (por ejecuciones y por hambrunas) provocado por el régimen de los “Jemeres rojos” en Camboya entre 1975 y 1979 aunque tuvo algunos rasgos de una “guerra social” clasista (los intelectuales y los habitantes de las ciudades eran considerados automáticamente como enemigos que debían ser exterminados), escapa a nuestra capacidad de clasificación. Tal vez la siquiatría pueda ayudar a encontrar elementos de respuesta. Conformémonos por ahora con anotar que el 25% de la población de ese país pereció como fruto de la locura ideológica de quienes pretendían hacer tabla rasa del pasado para construir una sociedad totalmente nueva.

Las “limpiezas étnicas” que provocaron la Nakba palestina luego de la creación del Estado de Israel en 1948, las operaciones de similar naturaleza implementadas en algunos territorios que habían conformado el disuelto Estado de Yugoslavia en la década de 1990, y las matanzas mutuas de hutus y tutsis en Ruanda y Burundi en las décadas de 1970 y 1990, fueron guerras esencialmente étnicas o raciales. En 1972 los tutsis asesinaron 350.000 hutus en Burundi y esto exacerbó el sentimiento anti-tutsi de la mayoría hutu de la vecina Ruanda. En los años 90 vendría la terrible revancha. En 1994 más de 800.000 tutsis fueron masacrados en este último país. El 75% de los tutsis de Ruanda sucumbió en estas matanzas. Este genocidio fue muy complejo ya que fue planificado por la mayoría de los hutus para eliminar por completo tanto a los tutsis como a los hutus moderados u opositores al gobierno. Pero también miles de hutus fueron aniquilados por los tutsis del Frente Patriótico Revolucionario. El genocidio fue simultáneamente étnico y político. La “guerra social” ruandesa superó todos los records de brutalidad e inhumanidad en un continente en que los actos de este tipo han sido abundantes desde la irrupción del colonialismo europeo. Cabe recalcar que miles de personas de ambas etnias (militares y civiles) participaron en las masacres como ejecutores o cómplices, lo que equivale a decir que el genocidio tuvo un carácter “popular”.

Abreviando nuestro recorrido, no podemos sino llamar la atención contra el uso indiscriminado de este concepto. La “guerra social” es mucho más feroz que la expresión “orgánica” de la lucha de clases o del antagonismo étnico o religioso. Mucho más que unos cuantos bombazos contra objetivos simbólicos o su proclamación en panfletos, periódicos, grafittis callejeros o mensajes en el ciberespacio. La “guerra social” estalla solo cuando las condiciones objetivas y subjetivas convierten a la sociedad en un polvorín que ninguno de los actores en pugna es capaz de controlar. Ni siquiera en su propio y racional beneficio.

sexta-feira, 20 de novembro de 2009

Decálogo de la anomia argentina


Eduardo Fidanza
La Nación

Entre nosotros se ha abusado de la palabra anomia -un término acuñado por la sociología clásica- hasta convertirla en un tópico. Anomia significa ausencia de normas para regular la vida social. Sin duda su popularización -las palabras no son neutrales- es un síntoma de nuestra sociedad, que con sus comportamientos nos obliga a recaer una y otra vez en ella.

Sobre la anomia argentina escribió páginas ya clásicas Carlos Nino, cuyo concepto de "anomia boba" designa un tipo de inobservancia de la ley que no favorece a nadie y genera altos niveles de ineficiencia. La anomia que me interesa destacar, no obstante, es la que se produce por una falla estructural de la clase dirigente. Se manifiesta como un fracaso en el ejercicio de la autoridad y afecta las percepciones y los comportamientos. Se trata de una patología que se contagia del poder y se transmite a los grupos sociales. Su víctima es la gente común. Los victimarios, aquellos que ocupan posiciones de poder. La anomia boba perjudica a todos, la anomia a la que me refiero somete a la sociedad en beneficio de sus elites.

Mi descripción de la anomia argentina consta de diez rasgos o factores. El primero, y acaso el más grave, lo definió Tulio Halperín Donghi, uno de nuestros mejores historiadores, cuando concluyó: "Si hay un rasgo que caracteriza la vida política argentina es la recíproca denegación de legitimidad de las fuerzas que en ella se enfrentan, agravada porque éstas no coinciden ni aun en los criterios aplicables para reconocer esa legitimidad".

Denegar legitimidad significa descalificar por completo al que piensa distinto. Y suponer que si prevaleciera, sólo atendería a sus intereses y dañaría al conjunto. No caben aquí la contraposición de ideas ni el intento de establecer acuerdos mínimos. La razón es un trágico leitmotiv de la cultura política argentina: cada uno percibe al que piensa distinto como un enemigo, no como un adversario.

El segundo factor, que es consecuencia del anterior, lo llamaré demarcación de territorios. Las elites argentinas, como los animales domésticos, fijan obsesivamente los límites de sus espacios de acción y pretenden reinar allí sin intromisiones ni límites. Amos de sus cotos, los líderes sectoriales construyen una leyenda edificante destinada a encubrir sus intereses. Lo que, hasta cierto punto, podría considerarse un efecto normal de la división del trabajo adquiere en la Argentina un carácter sofocante: la demarcación de territorios anula cualquier espacio compartido. Nuestras elites pretenden apropiarse de toda la renta, simbólica o material, sin contribuir al patrimonio común.

El tercer rasgo es el desacople entre poder y autoridad. Como nadie le reconoce legitimidad al otro, en la Argentina cada sector se dedica a ejercer el poder. El poder sin legitimidad se reduce a la pura fuerza. Hay que ser prepotente, avanzar, apretar, atropellar, ocupar espacios, depredar. La barra brava, el piquete y la patota simbolizan esas conductas, pero no hay que engañarse: existen en las canchas de fútbol y en las calles como en los salones y despachos más influyentes. Con cuidados argumentos o con palos, los argentinos buscan imponerse unos a otros por la fuerza. Pocas veces prevalecen la moderación y la autoridad.

El cuarto factor es la falta de consenso respecto del perfil institucional del país. La clase dirigente argentina no se pone de acuerdo acerca de qué tipo de instituciones habrán de regir la sociedad. Aquí se manifiesta la ausencia de criterios de la que hablaba Halperín. Desde hace 25 años acatamos formalmente la democracia, pero no deja de corroernos la disputa acerca de cuáles deberán ser sus características y acentos. Esa divergencia, que involucra aspectos económicos y políticos, puede rastrearse ya en los siglos XIX y XX, cuando unos plantearon la contradicción entre civilización y barbarie, y otros, entre pueblo y oligarquía.

El quinto rasgo es la utilización del Estado para fines partidarios. Este fenómeno, que es una tentación irresistible en cualquier sistema político, alcanzó en la Argentina niveles intolerables. Implica, como tantas veces se ha repetido, una confusión entre Estado, gobierno y partido. Llegar al gobierno supone apropiarse del Estado y usarlo como instrumento arbitrario de acumulación de poder. Esta malversación de la función estatal, convertida en costumbre y fuera de todo control, tiene efectos devastadores para la cultura pública. Tratemos de convencer a un votante común de que los políticos que debe elegir cumplirán su papel atendiendo al interés general y no al de su propio sector. Nadie nos va a creer.

El sexto rasgo deriva del anterior. Es la deserción del Estado de sus funciones básicas. Hace 20 años que nuestra clase dirigente discute si el Estado debe intervenir activamente en la economía o debe limitarse a garantizar servicios esenciales, como salud, educación, seguridad, justicia y defensa. Pues bien: tuvimos una década para cada posición; al cabo, el Estado sigue demostrando ser un pésimo administrador de empresas y un ente fracasado para asegurar los bienes públicos.

La gente sufre cada día la ausencia del Estado. Se siente desprotegida. Intentemos convencerla de que no se repliegue, de que no se enfurezca, de que no se deprima, de que no se asuste o de que no recurra a medios ilegales para alcanzar sus objetivos. Será inútil: dirán, como se dice en la calle, "no nos queda otra".

La séptima característica es la fragmentación y pérdida de identidad de las fuerzas políticas. La decadencia de los partidos, el uso arbitrario del poder estatal, las máscaras del peronismo, los problemas del radicalismo para gobernar, la inexistencia de una derecha y una izquierda presentables, entre otros infortunios, produjeron a la vez la atomización y la disolución de las identidades políticas.

Como escribió Carlos Pagni hace unos días en este diario, la política argentina se organiza hoy en torno a ejes temáticos de coyuntura, no según la pertenencia a organizaciones con programas y proyectos. Esto es fuente de una enorme confusión. Y un campo propicio para manipular las voluntades. La gente no entiende este desbarajuste ni quiere hacer el esfuerzo para comprender, porque ya no le importa.

El octavo factor es el autismo. Las elites argentinas, enfrascadas en sus luchas facciosas, perdieron la noción de que viven en una región del mundo que, aun con sus graves problemas, considera una pérdida de tiempo (si no una imbecilidad) vivir dilapidando oportunidades, debatiendo temas del pasado, practicando la desunión y dando la espalda a la realidad internacional. El resultado es deplorable: nuestros vecinos progresan y maduran, respetan y apoyan a sus presidentes, preservan consensos básicos, ganan prestigio. Nosotros ya no somos un socio confiable para ellos. Participamos del protocolo, pero cada vez menos de la confianza y los negocios. La anomia política es una extravagancia que el mundo no está en condiciones de tolerar.

La novena característica es la desigualdad. Es cierto que trata de un problema mundial de difícil solución, pero la Argentina es el país de la región que se volvió más desigual en menos tiempo. Conserva aún altos índices relativos de desarrollo humano, aunque pierde terreno con rapidez. Y muestra un aumento notable de la mortalidad infantil y de otros indicadores similares. Cuando las elites se desentienden de la desigualdad o se acuerdan de ella en ocasiones, se generan resentimiento, frustración y violencia. Las clases sociales se separan por muros invisibles pero infranqueables. Cada grupo con sus códigos, sus recelos y sus estrategias. De un lado, los que pueden darse una vida entre digna y ostentosa; del otro, los que no poseen nada y no tienen perspectivas de mejorar. Es una caldera de odio.

Las invocaciones al rol del Estado y de la iniciativa privada, la retórica populista, las pulcras recetas liberales se proclaman en las plazas y en los simposios, pero, como se dice en el lenguaje común, "no pasa nada". Los argentinos siguen muriéndose cada día de pobreza o de violencia.

El último rasgo es un signo de los gobiernos irresponsables. Lo denomino la excitación de las apetencias individuales. ¿Qué quiere decir? Significa, dicho rápido y con sencillez, que, cuando la economía marcha bien, se reparte o se promete repartir sin prever los malos tiempos. Se induce a creer que no hay límites. Que siempre se vivirá en la abundancia. Cuando ésta cesa, cada sector se cree con el derecho de seguir reclamando la cuota prometida. La irresponsabilidad consiste en ocultar que las necesidades se atienden según los recursos disponibles y que éstos son por naturaleza fluctuantes. Los buenos gobiernos dependieron siempre de las ecuaciones, no de la demagogia.

La sociedad argentina vive momentos de crispación. La gente está harta de sus dirigentes. Hay esfuerzos sensatos para cambiar el rumbo, pero no alcanzan. Se impone la intolerancia. Parece que camináramos, para usar la expresión del poeta César Vallejo, por el "borde célebre de la violencia". Es una sensación desagradable, amenazadora. Emile Durkheim, el sociólogo que describió la anomia, pensaba que la desorganización social abre la puerta a todas las aventuras. Yo agregaría: cuando las democracias se desorganizan, suelen engendrar aventuras totalitarias. Acaso no esté de más recordarlo en estos días de furia.

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

Italia: Blanca Navidad sin inmigrantes



Sandro de Riccardis
Repubblica


En Coccaglio la caza de los sin papeles se hace en nombre de la Navidad. El ayuntamiento de derechas (alcalde y tres concejales de la Liga, otros tres del Pdl) ha puesto en marcha en este pequeño municipio de Brescia la operación White Christmas, como el título de la canción de Bing Crosby, para limpiar la ciudad de «extracomunitarios».

Se ha escogido este nombre porque la operación terminará el 25 de diciembre. Y también, explica el concejal de Seguridad Claudio Abiendi, de la Lega, que ha ideado la operación, porque «para mí la Navidad no es la fiesta de la acogida, sino de la tradición cristiana, de nuestra identidad». De modo que hasta el 25 de diciembre en Coccaglio, con poco menos de 7.000 vecinos de los que 1.500 son extranjeros, los guardias van casa por casa a llamar al timbre de unos 400 «extracomuntarios». Son los que tienen el permiso de residencia caducado hace seis meses y deben haber iniciado los trámites para la renovación. «Si no demuestran que lo han hecho» dice el alcalde Franco Claretti «su residencia será revocada de oficio».

La idea de la operación que toma el nombre de la Navidad surgió a raíz de que se aprobara el decreto sobre seguridad que da más poderes al alcalde. Este ha pedido a sus funcionarios que comprueben los datos de los extranjeros empadronados. En este pueblo, en diez años, los «extracomunitarios» han pasado de 177 en 1998 a 1.562 en 2008, más de la quinta parte de la población. Los más numerosos son los marroquíes, los albaneses y los ciudadanos de la antigua Yugoslavia. «No tenemos criminalidad» quiere puntualizar Claretti, «sólo queremos empezar a hacer limpieza».

Hasta junio, y durante 36 años, en Coccaglio ha gobernado la izquierda. «No es más que propaganda» dice el ex alcalde Luigi Lotta, de centroizquierda. «Yo dejé un pueblo unido, sin problemas de integración. El único suceso sangriento de los últimos años, una pelea entre kosovares que ni siquiera vivían aquí, se ha producido con la nueva administración».

La idea de relacionar la caza de indocumentados con la Navidad ha provocado las protestas de muchos ciudadanos. «Soy creyente, estudié en los salesianos. ¿Dónde estaba esa gente el domingo pasado? Yo estaba en Brescia, escuchado al papa» replica Abiendi, que declara ser «uno de los fundadores de la Liga Norte, en 1992». Luego enumera los resultados de la operación «Blanca Navidad»: «Desde el 25 de octubre hemos hecho 150 inspecciones. Los indocumentados son cerca del 50 % de los interpelados». Los alcaldes de la Lega de los municipios vecinos ven con interés el modelo de Coccaglio, y dos de ellos (el de Castelcovati y el de Castrezzato) ya lo han copiado. El pasado 24 de octubre, en la primera convención de alcaldes de la Lega celebrada en Milán, la White Christmas obtuvo el respaldo decidido del estado mayor del partido. «El ministro [del Interior] Maroni es un hombre práctico» dice Claretti, «nos ha dado consejos para tomar las medidas evitando los consabidos recursos judiciales». Sobre la referencia a la Navidad, el alcalde acepta las críticas. «Quizá no ha sido muy afortunada. Pero la operación termina precisamente ese día».

quarta-feira, 18 de novembro de 2009

Corrupção é maior em países sob conflito

Sarah Germano
Opera Mundi

Países em conflito aparecem como os mais corruptos do mundo, segundo dados do Índice de Percepção de Corrupção, da ONG Transparência Internacional, divulgado hoje em Berlim. Somália, Afeganistão, Birmânia, Sudão e Iraque ocupam os primeiros lugares do ranking. De acordo com o relatório, o Brasil teria subido cinco posições, figurando agora no 75º lugar entre os 180 países analisados.

Segundo o relatório, os países sob conflitos recentes ou com regimes autoritários são os que mais sofrem com a corrupção, enquanto os que têm uma longa tradição de estabilidade política e democracia não precisam tanto lidar com o problema. "Quando instituições essenciais são fracas ou inexistentes, a corrupção sai do controle e a espoliação dos recursos públicos alimenta a insegurança e a impunidade", diz o comunicado da organização.

Em países em conflito, o aumento da corrupção se dá justamente por uma necessidade urgente de comprar armamentos, de acordo com o professor Hector Luis Saint-Pierre, do departamento de política internacional da Unesp (Universidade Estadual Paulista). “Geralmente, estas nações não podem fazer uma importação direta e normal. Precisam comprar armamentos por meios clandestino, pelos quais entram em esquemas de corrupção”, explica ele. As melhores notas foram recebidas por países como Nova Zelândia, Dinamarca e Suécia – o que, segundo declarações da presidente da Transparência Internacional na Alemanha, Sylvia Schenk, à agência de notícias espanhola EFE, são uma amostra dos resultados da estabilidade política e de “uma longa tradição de mecanismos para a solução de conflitos e instituições sólidas”. “Normalmente, a estabilidade política permite um controle mais eficaz sobre esse aspecto. São administrações nas quais a própria burocracia é orgulhosa de sua função”, complementa Saint-Pierre.

No entanto, Fabiano Angélico, coordenador de atividades da ONG Transparência Brasil, que luta contra a corrupção no país (sem ligações com a Transparência Internacional), critica o cálculo feito para organizar o ranking. “Em primeiro lugar, não consideramos que esses números indiquem alguma coisa. Temos fortes críticas a essa metodologia”, adverte. Angélico explica que o índice da entidade alemã é composto a partir de 13 pesquisas de opinião, nenhuma delas do Brasil. Entre as fontes incluídas, estão o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento da Ásia e da África. “São opiniões de fora, a respeito de fenômenos muito complexos, e não há nenhuma espécie de correlações”, comenta o coordenador, que classifica esse método como um “conjunto de ‘achismos’”.

O analista conta que nem todos os países são entrevistados por todas as 13 enquetes e, para entrar no ranking, cada país têm de ter no mínimo três respondidas. “Isso já distorce completamente”, diz Angélico. Para ele, o método faz com que o resultado seja muito questionável, e usa como exemplo para isso o próprio Brasil, que subiu 5 posições. “Mas qual medida foi tomada [no último ano]? Nenhuma”, questiona. Quando perguntado se a relação entre corrupção e conflitos armados era válida, Angélico diz que algumas das correlações estabelecidas no documento fazem sentido. “Acho que tem a ver com a área de conflito, claro, assim como uma comparação com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) tem uma fortíssima relação. Mas são coisas um pouco óbvias. A corrupção é tanto mais presente quanto menos controle você tem, e numa região de guerra você tem decisões arbitrárias. Isso é definição de corrupção e, segundo os estudiosos, esse é o ambiente nos lugares de guerra. É um pouco óbvio”, conclui.

América Latina

O Brasil obteve nota 3,7, numa escala que vai de 0 a 10 – sendo que, quanto menor a nota, maior é o nível de corrupção do local. Nos lugares que se aproximam do máximo, segundo Schenk, "praticamente não se pode conseguir nem uma consulta médica sem subornar alguém". A maioria dos países, no entanto, fica abaixo da média, 5.

Entre os demais países latino-americanos, somente Chile e Uruguai, com 6,7 pontos cada um, e Costa Rica, com 5,3 pontos, superaram a barreira crítica dos cinco pontos marcada por Schenk. O pior classificado entre os latino-americanos é a Venezuela, com 1,9 pontos. Um pouco mais acima, estão Paraguai, com 2,1 pontos, e Equador, com 2,2 pontos.

Para Saint-Pierre, estes são países com grande concentração de riqueza, grande diferenças sociais onde tais diferenças têm o poder de corromper. “Os países que são marcadamente menos corruptos são também aqueles que têm menor diferença social. A classe mais alta tem uma acomodação para se manter na opulência. E isso passa a fazer parte da própria cultura”, resume.

terça-feira, 17 de novembro de 2009

Se agrava la crisis entre Perú y Chile

Carlos Noriega
Página 12

El presidente Alan García acusó a Chile de “atentar contra la soberanía del Perú” con este acto de espionaje y exigió una investigación. García utiliza el caso para sumar apoyos en momentos de alto descontento social.

La crisis diplomática entre Perú y Chile sigue agravándose como consecuencia del caso del suboficial de la fuerza aérea peruana, Víctor Ariza, acusado de espiar para Santiago. Ayer, el presidente Alan García acusó a Chile de “atentar contra la soberanía del Perú” con este acto de espionaje, el que calificó como “un acto repulsivo que no corresponde a un país democrático”. Sin embargo, el presidente peruano matizó sus acusaciones aclarando que no señalaba a la presidenta Michelle Bachelet de ser la responsable del espionaje. “Queremos creer que esto que ha pasado es parte de algunos sectores (chilenos) que todavía conservan las costumbres dictatoriales y pinochetistas y no del gobierno (de Chile) en su conjunto”, señaló García, quien aseguró que este hecho afecta la unidad sudamericana y “deja muy mal parado a Chile ante el mundo”.

En su breve mensaje dado en el Palacio de Gobierno luego de reunirse con el Consejo de Seguridad nacional, García exigió al gobierno de Bachelet investigar el caso. Pero su exigencia no encontró eco en Santiago. “No aceptamos imputaciones de ninguna clase. Chile no tiene nada que ver con este caso”, fue la respuesta del canciller chileno, Mariano Fernández, quien dijo que su gobierno no tiene nada que investigar.

Aunque Chile niega cualquier vinculación con el militar peruano detenido por vender secretos militares a ese país, el gobierno de Lima asegura tener las pruebas –pagos girados al espía peruano desde Santiago y correos electrónicos intercambiados entre el militar peruano y sus contactos chilenos– que confirman el espionaje y la entrega de información a Chile, y anunció que entregará esa información al gobierno chileno para que investigue el caso y a la Interpol para que verifique que el espionaje sí se produjo. García calificó el espionaje como un acto de “debilidad” y de “temor” de Chile. “Solamente el que se siente menos espía”, lanzó García, quien recordó, como un antecedente, el caso de espionaje chileno al consulado argentino de Punta Arenas, ocurrido en noviembre de 2003. Con este recuerdo, García pretendió dejar sin piso la respuesta del gobierno chileno, que asegura que ese país no practica el espionaje.

Según ha trascendido, el suboficial Víctor Ariza, que habría sido reclutado por Chile hace siete años, no habría actuado solo. Otros miembros de la fuerza aérea peruana están siendo investigados en relación con este caso de espionaje. Ariza habría sido investigado desde 2007, pero, por alguna razón que la fuerza aérea no ha explicado, el caso se encarpetó hasta este año. Las autoridades peruanas incautaron la computadora de Ariza y documentos que tenía en su poder, donde se habría encontrado información sobre los pagos hechos a Ariza desde Chile y correos electrónicos que confirmarían el espionaje. Ha trascendido que Ariza, que como suboficial recibía un sueldo mensual de 660 dólares, habría cobrado tres mil dólares mensuales por su labor de espía, además de pagos extraordinarios, que llegaban hasta los diez mil dólares, según la calidad de la información que entregaba.

Ariza fue detenido el 30 de octubre, pero el caso recién se conoció el jueves 12, en momentos en que Alan García se encontraba fuera del Perú, asistiendo a la cumbre presidencial del Foro Económico Asia-Pacífico en Singapur, donde coincidió con Bachelet. No se ha aclarado si cuando García viajó ya estaba informado del tema o si se enteró recién cuando el caso de espionaje se hizo público. Si el presidente no fue informado, eso revelaría un serio conflicto entre el gobierno y las fuerzas armadas, que habrían ocultado esa información para filtrarla a la prensa cuando García estaba fuera del país. Y si García estaba al tanto del caso de espionaje desde un inicio, se mantiene sin explicación quién y por qué –y si el presidente estaba informado o no de esa filtración– hizo público el caso precisamente cuando el presidente peruano se iba a reunir con su par chilena. La revelación no sólo frustró la cita entre ambos, sino que también les ha dado a los militares argumentos para presionar por la compra de armas. Aunque con este caso de espionaje, que demoraron siete años en desbaratar, los militares han visto golpeada su imagen, el asunto ha favorecido a los sectores castrenses interesados en incrementar la compra de armamento. Y el presidente García ha usado el caso de espionaje como una oportunidad de ganar apoyo apelando a la defensa de la soberanía nacional, en momentos en que su gobierno enfrenta un creciente descontento y protestas sociales.

segunda-feira, 16 de novembro de 2009

Mercado de carbono y calentamiento global

Alejandro Nadal
La Jornada

Para enfrentar el problema del calentamiento global existen soluciones reales. Pero ninguna de ellas es favorecida por los centros de poder corporativo o sus aliados en los gobiernos, porque implican sacrificios de rentabilidad para los principales emisores de gases invernadero. Por eso el mercado de carbono es sistemáticamente presentado como el instrumento más efectivo para encarar este grave problema. Es más, parece ser la respuesta dominante: corporaciones gigantes, gobiernos y hasta organizaciones ambientalistas apoyan esta solución.

¿Qué es el mercado de bonos de carbono y cómo funciona? Es un mecanismo diseñado para reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se supone que genera incentivos para que las empresas que emiten GEI limiten sus niveles de contaminación atmosférica.

El mercado es organizado por una autoridad administrativa que fija un nivel máximo de emisiones permitidas. Ese volumen de contaminación permitida es asignado entre los diferentes agentes emisores (por ejemplo, de acuerdo con sus niveles históricos de contaminación), de tal manera que cada compañía tiene ahora un tope de emisiones que no debe rebasar. Si sus emisiones son inferiores, una empresa puede vender el volumen no utilizado a las que rebasaron el volumen permitido. Se supone que esto genera un sistema de incentivos y castigos, que conduce a reducir el costo de transitar hacia un sistema de menores emisiones.

El mercado de carbono no es una fantasía. El Protocolo de Kyoto (PK) estableció las bases para construir mercados de cuotas permitidas de emisiones de carbono. En Europa ya funciona el mercado más grande emisiones de carbono, el sistema de comercio de derechos de emisión (EU ETS). Estados Unidos está algo rezagado, pero el mercado puede crecer exponencialmente si el Senado aprueba la ley Waxman-Markey. Y las corporaciones de todas las ramas de la economía y muchos gobiernos presionan para que sea el principal componente del acuerdo sucesor del PK.

Este mecanismo de mercado se baña en las aguas de la ideología neoliberal y responde a la creencia de que los mercados asignan eficientemente los recursos. La crisis económica y financiera global ya debería haber enfriado el entusiasmo del pensamiento vulgar por las virtudes del libre mercado y la privatización.

El mercado de bonos de carbono tiene grandes defectos, que lo convierten en un obstáculo para alcanzar buenos resultados en materia de reducción de emisiones de GEI. La idea central del mercado de carbono es que todas las reducciones de emisiones son equivalentes. Es decir, como los gases en la atmósfera siempre se están mezclando, es lo mismo reducir una tonelada de CO2 en Oaxaca que en Milán. Por eso se pueden intercambiar los derechos a emitir gases invernadero entre agentes tan diferentes como una planta termoeléctrica, una siderúrgica o una granja porcícola. De entrada, esa premisa es un error: las reducciones de emisiones no son iguales ni desde el punto de vista de equidad, ni desde el punto de vista tecnológico.

Para empezar, las reducciones de emisiones en un país con un ingreso per cápita de 2 mil dólares anuales no son equivalentes a las de un país con un ingreso per cápita de 30 mil dólares anuales. No es lo mismo reducir las emisiones de metano generadas por un búfalo de un campesino en Bangladesh, que las de un Cadillac que circula por Park Avenue, para recordar el célebre ejemplo de Anil Agarwal.

Por otro lado, existen proyectos que sientan las bases para mayores reducciones en el futuro. Algunas reducciones de emisiones tienen un efecto multiplicador para inducir contracciones adicionales en otros sectores de la vida social y económica. En cambio, otros recortes de emisiones simplemente corresponden a ganancias en eficiencia que son consecuencia de rutinas de modernización, como cuando se introducen mejoras que debían haberse adoptado hace mucho. Es decir, el mercado de carbono puede contribuir a retrasar la reducción global de emisiones. En lugar de favorecer las innovaciones e inversiones de largo plazo en el marco de una estrategia integral, el sistema de mercado de carbono constituye una ensalada de medidas de todo tipo, sin prioridades y sin jerarquía.

Esto es clave porque la economía mundial está fuertemente anclada en su adicción a los combustibles fósiles. La infraestructura industrial y del transporte descansa tan profundamente en tecnologías integradas al consumo de combustibles fósiles, que sólo una transformación similar a la que se dio en los sistemas económicos entre 1850 y 1930 permitirá alcanzar las reducciones de emisiones que la comunidad científica está recomendando. Lo que se necesita es una transformación sistémica. No hay tiempo para parches por aquí y remiendos por allá.

El mercado de carbono proporciona una salida falsa al problema del calentamiento global. Es injusto y es ineficaz. Y lo peor es que cierra el paso a una discusión seria sobre las alternativas que permitirían alcanzar los resultados que recomienda la comunidad científica.

domingo, 15 de novembro de 2009

Honduras: Zelaya renuncia a volver al poder tras elecciones

Agencias

El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha anunciado que renuncia a volver al poder y que va a impugnar los resultados de las elecciones previstas para el próximo día 29. En un discurso desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra refugiado desde hace más de un mes, Zelaya ha tildado de "ilegal" el proceso electoral impulsado por el presidente de facto, Roberto Micheletti, y ha asegurado que los comicios no serán suficientes para solucionar la crisis política en la que está inmersa Honduras.

En la extensa carta de cinco páginas dirigida a Obama, y en la que exige "una pronta respuesta", Zelaya explica que el acuerdo firmado el pasado 30 de octubre y que deja en manos del Congreso Nacional su restitución, "queda sin valor ni efecto por incumplimiento unilateral del gobierno de facto". "Reafirmo mi decisión de que a partir de esta fecha, cualquiera que fuera el caso, yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia de la república para encubrir este golpe de Estado", ha declarado el mandatario derrocado leyendo una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. "Bajo estas condiciones no podemos respaldar las elecciones", ha manifestado. "Procederemos a impugnarla legalmente en nombre de millares de hondureños y de cientos de candidatos que sienten que esta competencia es desigual", ha añadido el presidente depuesto hondureño.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras nombró el pasado miércoles una comisión que se encargará de, a petición del Congreso, analizar y emitir un dictamen jurídico sobre la posible restitución en la presidencia de Zelaya, derrocado el pasado 28 de junio y único presidente reconocido por la comunidad internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que expulsó a Honduras de su seno poco después del golpe de Estado, ocurrido el pasado 28 de junio, ha dicho que no reconocerá el resultado de los comicios del 29 de noviembre si Zelaya no es restituido, una cuestión sobre la que debería decidir en los próximos días el Congreso del país.

sábado, 14 de novembro de 2009

¿Hacia donde va Chile en la batalla de las ideas?

José Cademartori
CENDA

Ya en la elección presidencial del 2005, pudo observarse que la opinión mayoritaria expresaba dos juicios bastante categóricos. Uno, insatisfacción con lo logrado hasta entonces por los gobiernos de la Concertación; y dos, convicción de que se necesitaban cambios para que el crecimiento beneficiara a todos y no sólo a algunos. Las desigualdades, las notorias diferencias en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la jubilación fueron tópicos que salieron a la luz en el debate presidencial. En buena medida fueron colocados por el Juntos Podemos y por su candidato de ese momento, también por los obispos católicos y por personalidades de ámbitos universitarios y empresariales. Los candidatos de derecha, Lavín y Piñera, defensores cerrados del modelo trataron de escabullir el problema sin poder negarlo. Se limitaron a afirmar que todo era cuestión de administrar bien el mismo modelo y ellos lo harían mejor.

El electorado no les creyó. Michelle Bachelet triunfó, aunque con dificultades, pero comprendió que era hora de empezar los cambios. La rebelión de los pingüinos, la batalla de los trabajadores subcontratados, de los temporeros, la lucha de los mapuches y otras movilizaciones populares lo ratificaron. Surgieron las Comisiones Especiales para modificar las AFP, el Código Laboral, la Loce. Aunque estas reformas no satisficieron las expectativas, se dieron algunos pasos positivos como la creación de la pensión solidaria, mejorías en la justicia laboral, la ampliación de la red pública de jardines infantiles, mejoramiento en la calidad de las viviendas sociales y subsidios y empleos de emergencia a sectores afectados por la crisis económica global y un acercamiento hacia un frente común de solidaridad en América del Sur.

Pero estos avances y paliativos no son suficientes porque no tocaron las causas de aquellos males. La crisis internacional, que también ha golpeado a Chile, ha confirmado la necesidad de controlar nacional y globalmente un sistema potencialmente catastrófico. Ha afianzado la convicción mayoritaria que reclama soluciones más audaces, cambios más de fondo y que éstos deben abarcar también de las instituciones políticas, entre ellas la madre de todas, la Constitución pinochetista. De aquí las exigencias de ampliar el cuerpo electoral, de romper el monopolio bipartidista y permitir la representación de las minorías, hacer efectivo el derecho de la ciudadanía en las decisiones que les afectan, descentralizar los gobiernos regionales, entre otras. Se reclama un sistema integral de protección social, desde el nacimiento a la muerte, que cubra todos los riesgos, desde la enfermedad al desempleo, desde el abuso del poder a la delincuencia. Todos comprenden que el libre mercado, ni los monopolios, ni las privatizaciones van a resolver las injusticias ni la degradación social. De allí que al estado y sus gobernantes, a los poderes públicos se les exiga ahora mucho más, cumplir un rol más protagonista, junto a, y no por encima de los ciudadanos.

El vocero de la derecha, el diario El Mercurio, refleja en sus páginas su ansiedad por el curso que va marcando la controversia programática. Observa vacíos en el discurso de su candidato y errores en quienes lo asesoran. Sostiene que el piñerismo ha abandonado el ideario derechista y sus dogmas valóricos, los que tanto éxito estarían logrando en Europa, aunque Berlusconi, Sarkozy y otros están recibiendo cada día mayor repudio. Según la derecha más dura, los que dirigen la campaña piñerista se han dejado impresionar por el eco favorable que despierta en la opinión pública el discurso progresista. El columnista Andrés Benítez, refiriéndose al primer debate presidencial, critica a Piñera por no haber defendido el libre mercado ni la empresa privada. Para el comentarista de El Mercurio, no es una locura defender a los bancos pues ellos son los que han permitido "a millones de chilenos tener casa, autos y educación". Le faltó agregar que los banqueros son benefactores públicos y sus esquilmados deudores unos mal agradecidos.

La derecha quiere volver al poder que perdió con Pinochet, para liberar a los condenados de Punta Peuco, poner punto final a la investigación de los crímenes dictatoriales, establecer la "flexibilidad" reduciendo los derechos laborales, entregar Codelco y las empresas públicas al capital extranjero, privatizar el Estado, reducir los impuestos a los ricos, acabar con el estatuto docente y la indemnización por años de servicio. Pero esto no lo pueden decir sus candidatos. Tampoco le sirven sus repetidas peroratas sobre la libre empresa y el mercado libre. De allí, su demagogia de los ofertones. Se trata de ocultar a toda costa la responsabilidad que les cabe en los estragos que provoca la crisis económica, que es la crisis de la globalización neoliberal que ellos implantaron durante la dictadura para su propio enriquecimiento.

Hoy día la gente está irritada con las AFP, las Isapres, el lucro en la educación, los bancos privados, la colusión entre las cadenas de farmacias o entre las compañías de telecomunicaciones. Quiere más regulaciones y controles para poner fin a los abusos contra los consumidores, contra sus trabajadores, acabar con la discriminación a los habitantes de los barrios empobrecidos, donde se concentra el abandono, la basura, la contaminación, la inseguridad. La encuesta de la Universidad Diego Portales revela que el 86% de los consultados quiere que el Estado sea propietario de las empresas de servicio público, el 80% desea una AFP estatal, el 65% acepta el traspaso de educación universitaria al Estado; la misma opinión prevalece respecto a los recursos mineros, la banca, el transporte público. Ciertamente hay una mayor valoración del Estado no sólo por protección social sino también como factor de desarrollo económico.

Aunque hay sectores de las candidaturas de Frei y Enríquez captan este estado de ánimo de la ciudadanía y están dispuestos a satisfacerlos. Al mismo tiempo hay otros grupos muy influyentes que se niegan rotundamente a aceptarlo. No quieren separarse de la derecha y sus intereses, presionan para continuar con "los consensos" y cogobernar con aquélla. Estas contradicciones son visibles a cada momento, en los pasos y en los dichos de ambos candidatos.

En cambio, como ha dicho Jorge Arrate, en su candidatura no hay grupos de intereses, el programa es uno solo, es el mismo de todos sus adherentes. Su programa es claro, categórico y consecuente. Une y recoge justas demandas de los pobres y de las capas medias. Ni maximalista, ni quedado en el pasado. Es el programa para el momento y la época. Por todo eso en los foros, en las comparaciones y comparecencias con sus rivales, Arrate siempre gana y hasta los adversarios tienen que reconocerlo.

sexta-feira, 13 de novembro de 2009

As ideias italianas no Brasil


Luiz Sérgio Henriques
Gramsci e o Brasil

Presidente da Fundação Instituto Gramsci, em Roma, e ensaísta de mérito reconhecido internacionalmente, Giuseppe Vacca reaparece entre nós com um novo título que é quase uma provocação, no melhor sentido da palavra. Retirando do limbo uma expressão que entre os marxistas teve historicamente o sentido de uma “capitulação de classe” ou coisa pior, Vacca defende explicitamente, para as esquerdas, a atualidade de uma estratégia reformista não só para o seu país, como também, é de se presumir, para a generalidade dos países em que se trava a luta política em termos efetivamente contemporâneos. A marca deste novo reformismo é a explícita assimilação das tarefas de governo e das responsabilidades a elas inerente: e, segundo o paradigma que abraça, cujos antepassados mais distintos remontam aos anos trinta do século passado, classe e nação não se põem como termos antagônicos, mas aparecem reconciliados: partidos e movimentos que interpretam o antagonismo social estão desafiados a atuarem no plano no interesse nacional, dando respostas positivas — no quadro do Estado Democrático de Direito — aos problemas de toda a sociedade.

O novo reformismo de que fala Vacca afasta-se assim de qualquer veleidade maximalista e, muito consequentemente, deve afirmar-se doravante mais ou menos polemicamente contra uma esquerda dita alternativa ou radical, mas sem capacidade de governo e de síntese política própria das funções dirigentes. Fornece, mais amplamente, alguns critérios para avaliar a história do século XX, que não deve ser vista como um mero terreno de contraposição entre capitalismo e socialismo, entendidos como “campos” que combateram mortalmente guerras abertas ou “frias”, com a vitória final de um deles.

De resto, o reformismo que interessa ao autor tem seu ato de nascimento, nos anos 1930, como uma alternativa à “guerra civil europeia” entre nazistas e bolcheviques, quando a experiência comunista das frentes populares — retirado o caráter instrumental que tal política teve quase sempre sob a política stalinista — pôde colaborar, em alguns momentos decisivos, com socialistas, tal como aconteceu na Itália e sobretudo na França. E é a luz deste projeto que o autor reinterpreta contribuições vitais, como os Cadernos do cárcere, de Antonio Gramsci, ou um texto comparativamente de menor alcance, mas nem por isso menos importante do ponto de vista político, como as togliattianas Lições sobre o fascismo, de 1935.

Mas o autor pretende ainda sair do âmbito restrito da tradição comunista e, num movimento que dá fôlego ao seu pensamento, alude explicitamente ao “universalismo rooseveltiano”: à visão da luta contra o fascismo de que era portadora a elite política americana e, também, à visão desta mesma elite sobre as relações internacionais que deveriam se seguir à derrota do fascismo. Não é aqui diminuída a importância da URSS no combate ao fascismo: “apenas” se reconhece, realisticamente, que aquele modelo político, nascido sob o particular signo da “revolução passiva” staliniana, só pela força poderia se expandir aos países do entorno soviético, sem dispor de nenhuma força de atração sobre os países ocidentais. Mas não só isso. O autor alude a experiências concretas da socialdemocracia e do trabalhismo no período entre as duas guerras, muito especialmente no caso da Inglaterra, da Bélgica e da Suécia. Bem antes do modelo keynesiano que se generalizaria nos “anos dourados” do capitalismo do segundo pós-guerra, os reformistas destes países lançaram as sementes do reformismo moderno, ao distinguirem as possibilidades de uma nova regulação do mundo da economia, até então estruturado segundo os procedimentos do liberalismo e as regras “espontâneas” do mercado.

É neste quadro que se insere uma das teses mais significativas do livro. Vacca propõe-se ir além do “finalismo socialista” e da filosofia da história determinista que lhe é inevitavelmente conexa. A experiência daquelas três socialdemocracias e, mais em geral, as diversas tentativas de domar o mercado capitalista em crise fizeram nascer a ideia de que “capitalismo e socialismo referem-se a dois planos diversos da realidade e não são comparáveis: o capitalismo é um modo de produção, o socialismo é um critério de regulação do sistema econômico, que, portanto, não se contrapõe ao primeiro, mas propõe-se orientá-lo. Para superar este falso dilema, foi necessário elaborar o conceito de regulação, e, naturalmente, não estamos falando de elaboração puramente intelectual, mas de experiência histórica concreta. Aproximamo-nos, assim, do ato de nascimento do reformismo: a crise dos anos trinta e a invenção de um ‘modo de regulação’ do desenvolvimento alternativo ao do velho liberalismo, que entra em colapso” (p. 191).

Se de regulação se trata — e regulação capaz de expressar e induzir níveis sempre mais altos de produção material da vida e de sociabilidade humana —, os defensores da estratégia reformista devem ter a percepção de que uma teoria geral das crises é possível e não deriva de, ou desemboca em, uma visão rupturista ou catastrófica da política e da economia. Esta teoria geral, segundo o autor, está presente nos escritos de Antonio Gramsci, especialmente quando focalizam a primeira grande guerra e os anos que se seguem como um período de crise continuada, cuja raiz última reside no contraste entre o caráter cada vez mais internacional da economia e as soluções políticas mesquinhamente nacionais que se implementaram, e muitas vezes hoje ainda se implementam, na tentativa de sanar os desequilíbrios globais.

A esquerda italiana — pelo menos aquela parte da esquerda em nome da qual quer falar o autor — tentou continuadamente sair do âmbito do reformismo comunista nacional, encarnado pelo velho PCI, e adotar a Europa como cenário das suas ações e iniciativas. Falhas e deficiências à parte, este ainda é o horizonte mais plausível para uma nova regulação democrática dos fatos econômicos, bem como uma fonte de inspiração para a esquerda de outros quadrantes: sem abdicar do interesse nacional e das iniciativas que se devem tomar imediatamente no âmbito do Estado-nação, a busca de uma perspectiva cosmopolita, supranacional, é parte constitutiva da nova investigação em curso. E achar em cada caso a melhor combinação entre interesse nacional e forças que se movimentam externamente é um elemento da regulação democrática que deve ser conscientemente assumido, tendo em vista o cenário de desastre que conclui estes anos de (des)regulação neoliberal dos mercados e supremacia dos “espíritos animais” do capitalismo.

A insistência no termo “democracia” aqui não é casual. O último grande impacto das “ideias italianas” entre nós foi por ocasião do eurocomunismo de Berlinguer e do Gramsci filtrado pela tradição togliattiana, e isso nos já distantes anos setenta. Foi quando, por exemplo, circulou amplamente nos círculos da esquerda, muito especialmente do então PCB, a expressão berlingueriana da “democracia (política, não ‘burguesa’) como valor universal”. Certa ou erradamente, para o bem ou para o mal, a cultura política do novo partido em ascensão na esquerda guardava muito pouca relação com aquele conjunto de ideias, que propunha uma reforma democrática do caráter “prussiano” do capitalismo e da sociedade brasileira como a estratégia mais plausível de superação dos muitos elementos de atraso mantidos na peculiar modernização conservadora que atravessa a nossa história e que, não por acaso, se viu reforçada com o regime de 1964.

Acredito que o livro de Vacca dá um alento renovado àquelas ideias e reata o fio um tanto perdido nestes tempos de desorientação. Refiro-me especialmente aos muitos momentos em que assinala a democracia como o único terreno político no qual todos os atores — de direita, centro ou de esquerda — devem se mover, ou até devem ser levados por força das coisas a se mover, no caso de as suas culturas e valores carregarem vestígios mais ou menos fortes de concepções autoritárias da política, o que está longe de ser incomum na esquerda.

O Estado Democrático de Direito surge assim como uma forma alta de convivência, não como reflexo ilusório da dominação burguesa ou do “indivíduo abstrato” próprio da sua sociabilidade. Produto de duríssimas lutas históricas, esse tipo de Estado, na visão de Vacca, desconhece “classes gerais” e refuta a apropriação da máquina do Estado por uma classe ou um partido que supostamente represente uma classe ou bloco de classes portadoras do “sentido último” da história. Só reconhece partidos, associações e outras formas de subjetividade constitucionalmente definidas, estimulando classes e grupos sociais que neles legitimamente se reconheçam a elaborarem visões diferentes do bem-comum, cuja disputa privilegie o elemento consensual e hegemônico, em detrimento do elemento força ou violência. Assume-se sempre e tão-só o governo, incide-se inevitavelmente sobre relações de força na sociedade, mas não se busca um abstrato “poder” a partir do qual se reorganize arbitrariamente o mundo, extremando autoritariamente o político. Mudanças constitucionais são possíveis, mas na forma democrática do Estado não se toca. Consenso e liberdades, hegemonia e pluralismo democrático são termos incontornáveis da moderna disputa política e da investigação teórica mais avançada, a não ser que se opte anacronicamente por autoritarismos mais ou menos disfarçados.

Todo este novo reformismo de Vacca, ao apresentar cristalinamente as razões mais seguras de uma esquerda democrática, passa a impressão de que não fala apenas da Itália ou da Europa e seus problemas. Fala também, e ao mesmo tempo, da nossa história presente de brasileiros e sul-americanos.