quarta-feira, 27 de abril de 2016

Brasil: El sombrío escenario del post-impeachment

Fernando de la Cuadra
Rebelión

Después del triste espectáculo protagonizado por la Cámara de diputados que dio luz verde para la admisibilidad del proceso de impeachment, ahora es el senado quien debe decidir si aprueba o rechaza la apertura del proceso. La previsión es que ello sucederá el día 11 de mayo. La oposición ya cuenta con más 41 votos favorables para la casación del mandato de la presidenta, por lo que es altamente probable que Dilma Rousseff sea apartada del cargo por 180 días, lugar que asumirá el actual vice-presidente Michel Temer, un personaje que ha conspirado entre bambalinas la destitución de la mandataria. De una mera figura decorativa se ha transformado en el principal instigador del golpe institucional y parlamentario que se cierne sobre el país.

A pesar de todos los argumentos que pueda esgrimir la oposición, es indiscutible que lo que se encuentra en curso es un golpe político disfrazado de procedimiento jurídico, impulsado por quienes perdieron las elecciones y por otros aspirantes al poder que nunca lo conseguirían por medio del escrutinio popular. Ello quedó aún más evidencia a partir de una exposición secuencial de los motivos más bizarros invocados por los diputados que votaron a favor del impedimento: Dios, la familia cuadrangular, el cumpleaños de la nieta, la paz de Jerusalén, el sector agropecuario, etc.

De consumarse el golpe, un primer escenario que se vislumbra a más corto plazo, es que Michel Temer asumirá interinamente la presidencia, mientras concluye el proceso contra Dilma Rousseff. La previsión es que una absolución o condenación definitiva (en este caso se requieren 54 de 81 votos) recién sea realizada a mediados de septiembre -antes de las elecciones municipales del 2 de octubre- periodo en el cual pueden ocurrir muchas cosas. Aunque existen algunas razonables incertezas, por la actual composición del senado y por el efecto estampida que se observó en la Cámara, todo parece indicar que la tendencia es que la presidenta sea condenada y automáticamente destituida, asumiendo Michel Temer el cargo de presidente en forma definitiva hasta concluir el mandato en diciembre de 2018. Además de la casación, Dilma Rousseff quedaría inhabilitada durante ocho años para ejercer cualquier tipo de función pública.

Asimismo, el propio Michel Temer tampoco está libre de ser objeto de otro proceso de impedimento en su contra. En efecto, ya existe un proceso derivado de una acción popular que se encuentra estacionada en la Cámara en espera de una resolución de admisibilidad por parte de su presidente. Este recurso se sustenta en el hecho de que cuando ocupó interinamente el cargo de presidente por ausencia de la mandataria, Michel Temer también firmó algunas resoluciones que constituyeron “pedaladas fiscales”, es decir, existen fuertes indicios de que igualmente incurrió en crimen de responsabilidad fiscal.

Por otra parte, existe la posibilidad de que sea sancionado próximamente un parecer del Supremo Tribunal Electoral (TSE) que debe impugnar la chapa Rousseff-Temer por financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2014. Si este proceso se sanciona antes de la primera mitad del actual mandato (diciembre de 2016), se anula la chapa vencedora de la última elección y asume interinamente el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Si la casación ocurre a partir de la segunda mitad de mandato, la elección del nuevo mandatario o mandataria es realizada indirectamente por el Congreso Nacional. En esta hipótesis y considerando el conservadurismo y la baja índole moral del actual Congreso, no es para nada remota la posibilidad de que el escogido sea aun peor que Michel Temer y su cuadrilla del PMDB. El propio Eduardo Cunha, un personaje siniestro y declarado reo por el Supremo Tribunal Federal (STF) por innumerables casos de corrupción, puede llegar a ser, en función de sus articulaciones, el próximo presidente de Brasil. Esta posibilidad representa un futuro más que tenebroso para el país.

Además existe la alternativa de la renuncia inmediata de la presidenta y la convocación a nuevas elecciones. Pero a juzgar por las declaraciones de sus asesores y de la propia mandataria, la defensa de su inocencia va a ser llevada a cabo hasta la instancia final del juicio en su contra. De igual manera, Michel Temer también puede renunciar en caso de asumir la presidencia y llamar a nuevas elecciones. Ello va a depender de la vulnerabilidad que tenga, ya sea por los problemas de legitimidad que pesan en su contra, por una escalada de movilizaciones populares y una consecuente situación de ingobernabilidad en todo el país o por el avance del proceso de inhabilitación en su contra que lo dejaría inmune a una alta inestabilidad jurídica y administrativa.

Lamentablemente todos estos posibles escenarios permiten augurar que Brasil continuará sumergido en una crisis política profunda, a la que se viene a sumar una recesión económica grave y una casi completa falta de credibilidad moral y ética en la clase política y empresarial. Lo más previsible es que Brasil sea palco de muchas manifestaciones de protesta y descontento en un clima de creciente conflictividad, que ni siquiera la próxima Olimpiada podrá atenuar. Sin embargo, pensando dialécticamente, ello también puede representar una oportunidad para que las fuerzas progresistas se unan en torno a un amplio bloque histórico que impulse un proyecto de transformación con el fin de preservar y superar las conquistas ya alcanzadas.

sexta-feira, 15 de abril de 2016

Crisis en Brasil: “Es un golpe político encubierto de barniz jurídico”

Meritxell Freixas
El Ciudadano

Semanas clave para la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, y para el Partido de los Trabajadores (PT). Tras la aprobación por la Comisión de la Cámara de Diputados del juicio a la exmandataria, el próximo viernes será el pleno de la Cámara el que emitirá el voto a favor o en contra del impeachment.

Se habla de golpe de estado, pero también de corrupción, tanto del oficialismo como de la derecha. Esto, en medio de un clima de crisis política que divide a la sociedad brasileña y la sumerge en una profunda incertidumbre. El Ciudadano conversó con el Doctor en Ciencias Sociales y profesor de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Estácio de Sá (Brasil), Fernando de la Cuadra.

Cada vez son más fuertes las voces que hablan sobre un posible golpe de Estado inminente en el país. ¿Cómo es el clima social y político hoy?

Hay una enorme tensión y expectativa de la ciudadanía sobre lo que podrá suceder a partir del viernes cuando se iniciarán los alegatos a favor y en contra de la destitución de la presidenta en el pleno de la Cámara de Diputados. Para los gobiernistas no existen pruebas contundentes de que la mandataria haya incurrido en algún hecho criminal o de responsabilidad fiscal que justifique su enjuiciamiento. Es, por lo tanto, una modalidad sui generis de golpe o una forma de neogolpismo como los que permitieron la destitución de los presidentes Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay. Es un golpe político encubierto de barniz jurídico.

Para la oposición, sí existen pruebas suficientes de que la presidenta Dilma incurrió en crimen de responsabilidad fiscal al desconocer la meta presupuestaria y utilizar las llamadas “pedaladas fiscales” durante el ejercicio de 2015. Me atrevo de decir que el país se encuentra dividido en una proporción similar, a pesar de que el último estudio de opinión realizado por Datafolha apunta que el 61% de los electores consultados piensa que los diputados deberían votar a favor del impeachment, mientras que sólo un 33% señala que los parlamentarios deberían votar en contra.

Precisamente, la comisión especial parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó este lunes el juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff con 38 votos a favor y 27 en contra. ¿Cuál es el proceso para que el juicio sea aprobado definitivamente y ejecutado?

El siguiente paso es la votación en el plenario de la Cámara. De tener luz verde allí, debe seguir para el Senado, donde se instaura una Comisión que tiene 10 días para emitir un nuevo parecer. Dicho parecer es votado en el plenario del Senado, donde puede ser rechazado o aprobado por mayoría simple, es decir, por 41 senadores (son 81 en total). En el primer caso, de rechazo, el proceso es archivado y se extingue. Si es aprobado, se declara la instauración del proceso y la mandataria debe apartarse del poder por un periodo de 180 días, asumiendo transitoriamente el cargo el actual vice-presidente Michel Temer.

A partir de ese momento, el proceso se debate en el plenario del Senado que es presidido excepcionalmente por el Presidente del Supremo Tribunal Federal. Luego, se vota nuevamente en el plenario del Senado, pero en esta oportunidad se requiere una mayoría de dos tercios de los votos para aprobar la condenación definitiva, es decir, 54 de los 81 senadores. En caso de ser condenada, la presidenta es automáticamente destituida y el vice-presidente asume lo que resta del mandato. En este escenario, Dilma Rousseff quedaría impedida por ocho años de ejercer cualquier tipo de cargo público.

¿Qué probabilidades existen de que el proceso llegue hasta el final y la presidenta termine siendo destituida?

La disputa que se instaló esta semana para captar el voto de los indecisos es muy intensa y los últimos sondeos -aunque nada es seguro hasta última hora- indican que los partidarios a favor del impeachment están sumando los votos necesarios, que son 342 diputados. Diversos cálculos y estimaciones estadísticas vienen siendo realizadas por “expertos” que confirman uno u otro escenario.

Sin embargo, muchos de los periodistas especializados que acompañan diariamente las actividades en Brasilia, advierten que el resultado final sólo se va a conocer a última hora, debido a que el movimiento permanente de parlamentarios indecisos hace que algunos sean una hora a favor y otra hora en contra de la impugnación de la mandataria. Considerando lo incierto del momento, lo mejor es esperar hasta el final de la votación en la Cámara.

¿Qué tan real es el apoyo que el Partido de los Trabajadores (PT) ha perdido por parte del pueblo brasileño?

Según diversos estudios recientes, el PT ha ido perdiendo su base electoral. Pero no deja de ser una paradoja que, no obstante esta realidad aparentemente incontestable, el preferido de los electores para la próxima contienda electoral en el 2018 – según Datafolha – es el propio expresidente Lula (21%), una figura que ha sido bombardeada en las últimas semanas con diversas acusaciones de corrupción, uso indebido de influencia y obstaculización a la justicia, entre otras denuncias. Es de todas formas una ventaja relativa, pues el resto de los candidatos como Aécio Neves o Ciro Gomes no logran entusiasmar al electorado.

Lula mantiene un apoyo que se basa mayormente en su carisma que en una plataforma de cambios y en un proyecto consistente De cierta manera el PT puede haber perdido apoyo por parte de sus adherentes, pero el nombre de Lula sigue siendo, a pesar de los pesares, una marca registrada que genera apoyo entre algunos electores al momento de decidir por quien desean ser gobernados.

En segundo lugar, en la mencionada encuesta de intención de voto, aparece Marina Silva (19%), una ex militante del PT y ex ministra de Medio Ambiente del Gobierno Lula y que ahora ha creado su propio partido llamado Rede Sustentabilidade. Es decir, si el PT parece haber perdido apoyo popular, Lula y Marina Silva mantienen un apoyo significativo que quizás mayormente se basa en el carisma que despliegan ambas personalidades que en una plataforma de cambios y en un proyecto consistente que permita sacar a Brasil de la actual crisis sistémica (económica, política, moral) en la cual se encuentra.

¿Podría mantener Lula este liderazgo hasta las elecciones de 2018? ¿Cuál es el apoyo de la sociedad brasileña al exmandatario?

Es el candidato mejor posicionado en las encuestas (21%), pero considero que ello no es suficiente para liderar un proceso de reconstrucción nacional como el que Brasil necesita. El porcentaje de rechazo a Lula es muy alto y el 53% de los entrevistados afirmaron que no votarían por él de ninguna manera.

Además, existe una alta probabilidad de que Lula sea denunciado en nuevas causas que se han ido acumulando, tanto en el marco de la Operación Lava-Jato (Petrobras) como también del periodo en que fue presidente de la República (2003-2010). Considero que el futuro de Lula es incierto y que ese 21% que sustenta hoy puede desvanecerse si queda comprobado que incurrió en actos ilícitos durante su Gobierno o en otras instancias en que fue construyendo un poder casi incontestado de 35 años dentro del PT, etapa que algunos cientistas políticos han calificado de ‘ciclo Lulista’. Si nos encontramos al final de este ciclo, los días venideron lo dirán con mayor claridad.