Las tareas pendientes con la educación comprometen el futuro de Brasil

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

La crisis de la educación en Brasil, no es una crisis, es un proyecto.

Darcy Ribeiro

La educación en Brasil está pasando por una etapa de estagnación, sin que las nuevas autoridades asuman responsablemente dar un giro con respecto a la situación heredada de los dos gobiernos anteriores, de Michel Temer y Jair Bolsonaro. Como nos advierte Darcy Ribeiro, parece que históricamente la función de la educación en Brasil ha sido la de profundizar las diferencias entre una elite culta, letrada y hasta erudita y una gran masa de analfabetos destinados a cumplir el papel de fuerza de trabajo barata y dócil. Los avances realizados en el campo pedagógico –como los realizados por Paulo Freire a comienzos de los años sesenta– siempre tuvieron que enfrentarse con la férrea oposición de quienes rechazaban los avances civilizatorios que la educación podría representar para el país, alfabetizando y dando carta de ciudadanía a los grupos más pobres y excluidos de la población.

En ese sentido, Paulo Freire era considerado un subversivo, pues su discurso lúcido y movilizador estaba impregnado de un espíritu libertario y democrático. Así, como apuntaba acertadamente en una de sus memorables páginas de La educación como práctica de la libertad: “La salud para esta extraña democracia es el silencio del pueblo, su quietud. Es la sociedad cerrada, es la inmovilidad. De ahí que los defensores de este tipo de democracia postulen la necesidad de preservar al pueblo de lo que llaman ‘ideas exóticas’, en último análisis: todo lo que pueda contribuir a la presencia activa del pueblo en su proceso histórico”.

De esta manera, el proyecto de llevar adelante el método freiriano de educación de adultos , fue dramáticamente interrumpido por el golpe de Estado civil-militar-empresarial de 1964 y desde entonces el camino hacia la universalización de la educación en Brasil ha sido largo, tortuoso y descontinuado. Uno de los infaustos legados que dejó la dictadura fue la de concebir que una educación pública, gratuita, universal y de calidad es un proyecto grandioso para el cual el Estado no tiene condiciones de financiamiento.

Independiente de la capacidad de gestión de ciertos gobiernos por llevar adelante un plan que asegure una educación como un derecho fundamental para toda la población, lo que sugiere la experiencia brasileña es que, en la disputa entre un proyecto de sociedad más inclusivo, participativo y pluralista contra otro más elitista, excluyente y estratificado, esta última visión ha salido victoriosa hasta el momento. A la estructura de resabios coloniales en que funciona el país habría que sumarle un Congreso reaccionario que pone innumerables obstáculos a cualquier medida orientada a mejorar la calidad de vida de los sectores más carentes.

El gobierno Lula les prometió a los brasileños un periodo de bienestar y prosperidad, pero a las ilusiones y expectativas de los primeros meses le han seguido las indicaciones de que el Ejecutivo se encuentra más preocupado con la austeridad fiscal que con mejorar las condiciones concretas de vida de la mayoría de la población. Quienes se sienten desilusionados con los escuálidos avances de un gobierno que se autoproclamaba popular, pueden ser confundidos y cooptados por las falsas promesas del bolsonarismo y la extrema derecha. La disminución del presupuesto para salud y educación contrasta con los fondos destinados para la compra de armamentos y suministros para las Fuerzas Armadas . Por su parte, los salarios de los profesores -en todos los niveles del sistema educacional- difieren escandalosamente con las exorbitantes remuneraciones que reciben los oficiales de las tres ramas y con los sueldos recibidos por miembros de poder judicial.

Un profesor universitario en la cúspide de su carrera y con dedicación exclusiva, recibe en media, tres veces menos que un teniente coronel del ejército o un juez federal, sin considerar los beneficios y ayudas suplementarias que aumentan aún más los ingresos de estas categorías.

Por eso mismo, profesores y servidores de universidades federales, centro de educación tecnológica e institutos federales se encuentran en este momento en huelga a través de todo el país, teniendo el aumento salarial como principal reivindicación. Ellos solicitan un reajuste del 22 por ciento dividido en tres años, con inicio en mayo de 2024. Dicha reposición salarial cubriría apenas las perdidas inflacionarias acumuladas por los dos gobiernos anteriores. Diferentemente, el gobierno sólo ofrece un 9 por ciento dividido en 2 años y a partir del 2025. Este movimiento también ha recibido la solidaridad de técnicos administrativos y estudiantes, que reivindican conjuntamente la construcción de una universidad pública gratuita, de calidad y valorizada.

El Sindicado Nacional de Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior (ANDES) sostiene que además de la recomposición salarial, existe una necesidad urgente de reestructurar la carrera docente, junto con mejorar las condiciones de trabajo y la dignidad de los profesores. Asimismo, demandan la realización de un importante volumen de inversiones públicas en las instituciones federales de educación, visto el alto grado de deterioro y abandono de la infraestructura y de los servicios resultante de la nefasta administración de los gobiernos precedentes.

De hecho, la situación de la educación superior en Brasil se ha resentido enormemente en los últimos 8 años, desde que fue destituida a través de un golpe blanco la ex Presidenta Dilma Rousseff. Pero no solamente la educación superior sufre los rigores de los recortes presupuestarios iniciados en el gobierno Temer con las medidas del llamado “techo de gastos”.

El país ocupa actualmente un preocupante lugar en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA). En matemáticas y ciencias menos de la mitad de los estudiantes de 15 años consiguió alcanzar un nivel mínimo de aprendizaje, siendo que Brasil ocupó la 65° y la 61° posición en esas materias, respectivamente. Específicamente, en matemáticas, un 73 por ciento de los estudiantes no alcanzaron el nivel básico considerado por la OCDE para garantizar que los jóvenes puedan ejercer plenamente su ciudadanía. Ello se expresa concretamente en que 7 de cada 10 de estos jóvenes con 15 años no saben resolver problemas básicos como convertir el valor de dos dólares para su equivalente en moneda nacional (Real) o calcular el porcentaje de ingredientes necesarios para preparar una comida.

Según los datos del Instituto Todos por la Educación, el analfabetismo funcional de personas entre los 15 y los 64 años es de aproximadamente un treinta por ciento, donde un tercio de los alumnos que llegan al quito año de escolaridad apenas consiguen leer y un veinte por ciento de los jóvenes que concluyen la enseñanza fundamental (hasta noveno año) no dominan el uso de la lectura y la escritura.

La situación del Magisterio es deplorable, pues junto con toda la carga horaria extenuante, los profesores reciben salarios que les imposibilitan llevar una vida digna y muchos de ellos deben buscar otras fuentes de renta fuera de sus actividades docentes.

En suma, una situación catastrófica que el actual gobierno no ha tenido la voluntad de alterar, inventando excusas y refugiándose en el argumento de que el país no puede invertir más en políticas sociales debido a sus compromisos con la responsabilidad fiscal y el ajuste presupuestario. Queda por lo tanto el triste recuerdo del gobierno de João Goulart que, con mucho menos presupuesto se lanzó decididamente a terminar con el analfabetismo y de mejorar sustantivamente la calidad de educación brasileña, con Paulo Freire liderando ese proceso.

Si los tecnócratas de plantón no recapacitan y no recuperan el legado pedagógico y transformador del patrono de la educación brasileña, este país condenará a las futuras generaciones a seguir siendo explotadas y despreciadas por las elites cavernarias y, en esa medida, se condenará a sí mismo.

À direita da extrema direita

Ruy Castro

Folha de Sao Paulo

Salazar, Mussolini, Hitler, Trump, Bolsonaro -todos tinham um homem para pensar por eles

Em 1932, um jornalista português, António Ferro, 37 anos, conseguiu o que era dado como impossível: entrevistar o quase inatingível António de Oliveira Salazar, todo-poderoso de um governo que se definia como ditadura. Ferro teve com Salazar longas conversas, reunidas num livro de 300 páginas com o pensamento do ditador de Portugal.

Como foram essas conversas? A bordo de carros em movimento, à mesa de jantar, em torno de "fumegantes caldos verdes" e em passeios a pé por estradas, às vezes "à beira do anoitecer" ou sob "uma chuva miudinha e enervante". As perguntas de Ferro eram curtas, como sói, mas as respostas de Salazar eram caudalosas e demoradas, de páginas e páginas.

Como veterano entrevistador, tiro o chapéu para António Ferro. Em 1932, não havia gravadores, os alemães só lançariam o magnetofone em 1935. Ferro teve de anotar tudo a lápis ou caneta, nas terríveis condições descritas, e Salazar não as deve ter ditado com vagar. E eu queria ver Ferro taquigrafar no escuro, debaixo de chuva.

Donde só há uma explicação: todas as palavras atribuídas a Salazar são de Ferro. Por que Salazar se submeteria a tal? Porque confiava nele. Ferro era culto, ladino, muito inteligente —aliás, amigo dos modernistas brasileiros e colaborador da revista Klaxon. E os dois tinham muito em comum: desprezo pelo povo português, aversão ao Judiciário, ódio à democracia e admiração por Mussolini e Hitler.

A extrema direita costuma ser creditada a certos governantes. Mas eles talvez fossem apenas os executores da estratégia de um pensador maléfico, à direita da extrema direita. Ferro pode ter sido para Salazar o que Marinetti, criador do futurismo, foi para Mussolini; Oswald Spengler, para Hitler; Steve Bannon, para Donald Trump; e Olavo de Carvalho, para Bolsonaro. O que nos salva é quando esses governantes se empolgam e resolvem pensar por conta própria.

Genealogía y bases del neofascismo brasileño

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

El fascismo aún está en nuestro alrededor, a veces en trajes civiles.

Umberto Eco

El documental Extremistas.br ganó recientemente el premio Václav Havel como la mejor película en defensa de los derechos humanos que otorga el One World Film Festival de la República Checa. El premio recibido por esta obra documental ha recolocado en el tapete de la discusión un tema que sigue intrigando a investigadores, académicos, políticos, periodistas e interesados en general, que se interrogan y analizan el resurgimiento de la extrema derecha en Brasil y, claro, en el resto del mundo.

Esta serie compuesta por ocho episodios muestra como el extremismo de derecha fue tomando cuenta de una parcela significativa de la población brasileña y las causas que llevaron a miles de ciudadanos a adherir y difundir los discursos totalitarios de ideólogos radicales inspirados en el ideario nazifascista: ataques a la democracia, autoritarismo y despotismo; nacionalismo exacerbado y exaltación del odio y la violencia en nombre de una supuesta superioridad nacional, culto a las tradiciones perdidas y construcción de mitos sobre la grandeza del pasado; animadversión hacia los extranjeros, desprecio por las minorías y combate vehemente a la diversidad, desconfianza por la cultura, el arte y la inteligencia ; adoración por las armas y culto a la muerte; machismo y menosprecio hacia las mujeres, entre otras características.

Muchos de estos aspectos tienen su origen en la ideología nazifascista surgida desde hace un siglo en Italia y Alemania, aunque ellos se han ido renovando y cambiando a través de los años formándose algo que Robert Paxton atribuye a la propia dinámica socio histórica del proyecto fascista, cristalizándose quizás en aquello que Umberto Eco ha llamado de ur-fascismo o fascismo eterno. Dicha doctrina es integrada por una constelación de elementos de este mismo tenor y que se encuentran presentes en los movimientos con esta orientación en las sociedades contemporáneas.

En la serie documental conocemos la opinión de especialistas y estudiosos, así como la de un sinfín de militantes de la extrema derecha que participaron en las actividades que propiciaban un golpe de Estado para impedir que el candidato electo Lula da Silva pudiera asumir o mantenerse como Presidente de la República. Pero antes de ello, la serie va mostrando la diseminación del odio y los discursos antidemocráticos de numerosos sectores de la población que son alimentados por las fake news producidas por milicias digitales, personas e instituciones que se dedican a difundir ataques a personalidades del mundo de la política, el arte y la cultura.

Un capítulo completo del ciclo está dedicado a las arremetidas realizadas por influenciadores radicales en contra los miembros del Poder Judicial, en especial, a los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). En esa parte de la serie se puede conocer precisamente la labor de un mercenario digital que recibe un salario mensual para investigar la vida de diversas personalidades influyentes con el objetivo de difundir falsas noticias sobre ellas y también para inventar hechos completamente inverosímiles, pero que son incorporados por los cibernautas como perfectas verdades.

Hay decenas de casos de historias y relatos burdos desperdigados en el ciberespacio, pero sería agotador citar algunas de las numerosas mentiras que vienen siendo concebidas durante los últimos años. Estos grupos de milicianos digitales funcionan en total anonimato y se inspiran –probablemente sin saberlo- en el conocido teorema del sociólogo estadounidense William Thomas que decía: “Si los individuos definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias”.

Después de asistir las diversas secciones de Extremistas.br queda muy claro para el espectador que la emergencia de la extrema derecha y del “bolsonarismo” no representan un mero capricho histórico o un accidente del curso de la historia. Ellos no nacieron por casualidad y sus bases se encuentran ancladas en el devenir de la sociedad brasileña. En este proceso de extrema derechización de la sociedad cumplen un papel central las iglesias pentecostales y sus pastores, los cuales viene insuflando los sentimientos y los comportamientos contra el progreso y la modernidad de forma vehemente.

Fanatismo religioso, sumado a la ignorancia y falsas narrativas se funden en una sopa reaccionaria que asume sin matices la lucha del bien contra el mal. El mal son los izquierdistas, los comunistas, los homosexuales, los drogadictos que quieren acabar con la libertad de los ciudadanos de bien que deben protegerse ante esta amenaza permanente. En el documental se ven escenas de pastores distribuyendo armas entre los fieles, enseñándoles a disparar para enfrentar a enemigos ocultos que estarían agazapados esperando el momento propicio para dar el zarpazo final.

Estos comportamientos de personas comunes que viven bajo la influencia de pastores inescrupulosos son estimulados por el clima de miedo en que viven los ciudadanos en el mundo actual. Para el crítico literario británico Terry Eagleton, el fundamentalismo no tiene sus raíces en el odio, sino en el miedo. Es el miedo de un mundo moderno y cambiante, en que todo está en movimiento, donde la realidad es transitoria y con final indefinido, en que las certezas y los pilares más sólidos parecen haber desaparecido.

Es lo que en otras palabras el sociólogo polaco Zygmunt Bauman denominaría como “modernidad líquida”. En esta modernidad líquida los individuos se sienten aislados, fragilizados, carentes de los referenciales que le daban peso o solidez a las estructuras en las que estábamos inmersos. Los individuos se ven sucumbiendo ante un contexto de transformaciones aceleradas que no son capaces de procesar. Los valores de la sociedad industrial se desvanecen y el pánico a la inseguridad se apodera de las personas, por eso ellas buscan refugio en las iglesias, en las sectas o en cualquier entidad que les provea algún tipo de sustento o piso ante tanta incertidumbre.

En dicho escenario la extrema derecha se nutre competentemente de los temores, las ansiedades y el malestar de los ciudadanos, transformando estas sensaciones, en la mayoría de los casos, en sentimientos de indignación y revuelta reaccionaria. Los problemas concretos de la gente, por una mejor calidad de vida, por mayor estabilidad laboral y seguridad ciudadana, por mejores equipamientos y servicios sociales y un largo etcétera, la extrema derecha los convierte en una convicción antisistema, contra la política y los políticos, contra los tribunales de justicia y el parlamento, haciendo que finalmente los sujetos direccionen su rabia contra las instituciones democráticas y hacia enemigos invisibles como el comunismo, el globalismo o las fuerzas satánicas.

La extrema derecha dice entender los problemas y los miedos de la población y acude para aplacar este sufrimiento psíquico, entregando a cambio falsas soluciones e impregnando de resentimiento y virulencia la frustración de las personas. Si a ello le agregamos las bases conservadoras de una cultura esclavista construida en torno al machismo, la exclusión y el desprecio por los más débiles, tenemos los ingredientes necesarios para que el caldo neofascista prospere, convirtiendo a una parte de esta sociedad en una masa de maniobra que nutre las expresiones más radicales del pensamiento retrógrado.

En ese contexto, surge en Brasil la figura de Jair Bolsonaro, un ex capitán expulsado del Ejercito y prohibido de ingresar a los cuarteles e instalaciones militares, diputado mediocre e inexpresivo del bajo clero y personaje bizarro que apoyaba dictadores y torturadores. En 2016 mientras se votaba en el Congreso Nacional el impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff, el diputado Bolsonaro le dedicó su voto al Coronel Carlos Brilhante Ustra, reconocido torturador y asesino de muchos presos políticos durante la dictadura militar (1964-1985). Lejos de salir preso del hemiciclo del Congreso por su apología a la tortura, Bolsonaro se transformó en el vocero de la extrema derecha y el Coronel Ustra en un héroe para los grupos más radicales que pedían ardorosamente intervención militar.

Sin embargo, los orígenes de estas expresiones de los ultraderechistas ya pueden observarse en las manifestaciones que irrumpieron en junio de 2013, durante la realización de la Copa de las Confederaciones. En esa ocasión, frente a un conjunto innumerable de demandas de diversos segmentos sociales, surgieron las primeras señales de que se estaba incubando un movimiento de derecha radical, con grupos enarbolando banderas con los símbolos nazistas y pancartas llamando a la sedición. Tales grupos -con células fascistas ya organizadas- exigían la acción de los militares en la perpetración de un Golpe de Estado que acabase con el Congreso Nacional, los partidos políticos, el Supremo Tribunal Federal y, consecuentemente, arremetiese contra los enemigos de la patria.

Estos sectores comenzaron a vestir la camiseta verde-amarilla de la selección y autoproclamarse como “patriotas” en lucha contra la corrupción, la decadencia moral, los políticos y el comunismo instalado en el país. En el documental se muestran imágenes de cursos de tiro para “ciudadanos de bien” que desean defenderse de las hordas de bárbaros y marginales que amenazan sus vidas pacatas y cristianas. Disparan a blancos que simulan ser personas que es preciso eliminar para proteger a Dios, la patria, la familia y la propiedad.

Quienes verdaderamente lucraron con esta política de armamento de la población que estimuló el gobierno Bolsonaro, fueron los fabricantes y comerciantes de armas y también las academias de tiro. En efecto, durante el gobierno del ex capitán, entre 2019 y 2022, más de un millón de armas fueron registradas después que el ejecutivo liberó el porte y uso de armas de fuego. Según los datos recogidos por el Instituto Sou da Paz por medio de la Ley de Acceso a la Información, en total, casi un millón y medio de nuevos armamentos entraron en circulación en ese periodo de cuatro años.

Solamente en 2022, más de 550 mil armas fueron registradas, siendo que 432 mil correspondían a los Clubes de Colecionadores, Atiradores Desportivos y Caçadores (CAC), que proliferaron de manera descomunal durante esa gestión. El resto de las armas fueron registradas por individuos comunes para la defensa personal, principalmente miembros de las clases más acaudaladas que adhirieron a este discurso de rencor y peligro inminente diseminado por la extrema derecha.

Como certeramente nos advierte Robert O. Paxton en su libro La anatomía del fascismo, no existe un régimen fascista ideológicamente puro, aunque –nos recuerda el autor- la mayoría de los estudiosos notaron que esos regímenes se basaban en algún tipo de pacto o alianza entre el partido fascista y las poderosas fuerzas conservadoras. Es decir, los regímenes fascistas no se explican solamente por la incitación estatal, sino que existirían fuerzas en la propia sociedad que impulsan su desarrollo. Tampoco existiría un fascismo definido, estático, sino más bien un fenómeno fascista en permanente movimiento.

Por lo mismo, nos encontramos frente a una multiplicidad de fascismos, cada cual expresando la dinámica histórica y el contexto en el cual emerge. El fascismo en Brasil tiene antecedentes en organizaciones de raigambre y vena autoritaria surgidas en la década del treinta y amalgamadas en torno al movimiento de la Acción Integralista Brasileña liderada por Plinio Salgado, que se anunciaba como un movimiento dictatorial, conservador y cristiano.

Por su parte, el gobierno de Getulio Vargas también reúne una cantidad significativa de características que lo podrían acercar ciertamente del recetario fascista. Como bosquejábamos en líneas anteriores, la actual expresión del fascismo a la brasileña se llama bolsonarismo y ella resulta de una síntesis de múltiples experiencias y miradas sobre el país, que incluye desde los militares nostálgicos de la dictadura militar, pasando por los monarquistas que no pierden la esperanza de recuperar el trono o por grupos pentecostales de la teología de la prosperidad, o de milicianos que controlan extensos territorios en las principales capitales o por productores de madera y ganado que desean seguir depredando los biomas sin ningún tipo de control estatal o de empresarios conservadores que tienen pavor de perder sus lucros y sus privilegios en una sociedad que se encaminaba crecientemente hacia políticas más inclusivas, justas y democratizantes.

En síntesis, tenemos como corolario que matriz esclavista, dictaduras militares, bolsonarismo y neofascismo forman parte de un mismo eje que atraviesa la historia brasileña y que resurge permanentemente para recordarle a sus habitantes y a sus instituciones que los soportes democráticos de este país son demasiado inestables y endebles.

A dichas conclusiones se puede llegar cuando se asiste el documental Extremistas.br, una inmersión necesaria para pensar los destinos de este país atrapado por su historia y por una extrema derecha cavernaria que ha cooptado o anulado a otros sectores de la derecha tradicional y de las elites del poder, para impulsar y consolidar su proyecto de violencia, prejuicio y autoritarismo sobre el pueblo brasileño.

La trama golpista despierta los miedos del gobierno Lula

Fernando de la Cuadra

Socialismo y Democracia

El historiador carioca Carlos Fico ha afirmado en casi toda su producción sobre el proceso político brasileño y el Golpe de Estado de 1964, que las Fuerzas Armadas siempre han tratado de justificar jurídicamente las intervenciones y con ese propósito buscan el apoyo de especialistas en materias constitucionales para sustentar legalmente la intervención militar.

De hecho, hace ya un tiempo se había filtrado la información de que algunos connotados juristas se encontraban elaborando un documento que le diera sustentación legal a la frustrada injerencia de las Fuerzas Armadas para impedir que el presidente electo Lula da Silva asumiera el poder el 1 de enero de 2023.

El Ministro de Justicia, Anderson Torres, sería el encargado para dar el soporte jurídico de las medidas golpistas a ser adoptadas. El documento conocido como “Minuta del Golpe” fue recibida por Bolsonaro en noviembre de 2022, días después de perder la segunda vuelta en las elecciones ante el candidato Lula da Silva, del Pacto Democrático “Brasil de Esperanza”. Dicho texto le fue entregado por el ex asesor Filipe Martins y por el abogado Amauri Saad, integrantes del alto escalón del comité de civiles y militares que tramaban -a partir de la derrota en las urnas- la interrupción del itinerario electoral trazado en la Constitución.

Esa minuta decretaría la detención de algunos ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Morais y Gilmar Mendes, así como del Presidente del Senado Rodrigo Pacheco. Junto con ello, se anularían las elecciones y se convocaría a la realización de un nuevo pleito en una incierta fecha futura. Luego de algunas modificaciones realizadas por el ex presiente Bolsonaro al texto, éste convocó a los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Marina y al entonces Ministro de Defensa, para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas a dicha propuesta. Según propia declaración posterior a la Policía Federal del Comandante en Jefe del Ejército, General Freire Gomes, él se habría opuesto a esta iniciativa y advirtió al propio Bolsonaro que no adhería a estas ideas de quiebre institucional y que, en caso de proseguir con la iniciativa golpista, tendría que detenerlo. Parece poco creíble dicha declaración, toda vez que luego de tal advertencia, el General Freire Gomes fue visto amigablemente en otras reuniones con el Presidente Bolsonaro y el resto de los Comandantes.

Con posterioridad al descubrimiento de la Minuta de Golpe original, fue encontrado un segundo documento que postula la instauración del Estado de Sitio a partir de la aplicación de la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), una medida que sería accionada por las Fuerzas Armadas en caso de necesidad para asegurar la “restauración del Estado Democrático de Derecho en Brasil”.

Toda esta trama secreta para imponer un estado de excepción en la Nación, fue planeada durante dos meses en el Palácio da Alvorada, bajo iniciativa del candidato derrotado que no aparecía públicamente, pero que conspiraba en las sombras. Lo que ahora sabemos y ha quedado al descubierto, es producto de que el ministro Alexandre de Moraes decidió levantar el sigilo de las transcripciones obtenidas por la Policía Federal durante los interrogatorios a los Comandantes de las Fuerzas Armadas y a otros militares de alta patente que se vieron involucrados en la intentona golpista.

Por lo mismo, resulta inexplicable que justamente cuando la conspiración golpista se encuentra totalmente desclasificada, denunciada y sus principales implicados arriesgando procesos de condenación en la justicia, el gobierno, contrariamente a lo esperado, ha decidido asumir una postura de extrema cautela y hasta de temor excesivo por las posibles consecuencias que pudieran tener los juicios a los mentores del golpe de Estado fracasado, con el ex presidente Jair Bolsonaro a la cabeza.

En ese contexto, Lula suspendió todos los actos alusivos a la conmemoración de los 60 años del Golpe Militar que iban a suceder el próximo el 1 de abril, los cuales ya estaban planificados con mucha antelación. En dichos actos, el gobierno se proponía realizar pedidos de disculpas públicas a las víctimas de la dictadura instalada en 1964. Bajo el eslogan de “60 años del Golpe de Estado 1964-2024, sin memoria no hay futuro”, el Ministerio de los Derechos Humanos encabezaba una coordinación interministerial para exaltar la lucha de los militantes perseguidos, torturados y ejecutados por el régimen militar.

Estas actividades de profundo simbolismo y de reparación histórica, fueron vetadas por el Presidente Lula da Silva en su tentativa de evitar enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, precisamente en la actual coyuntura de investigación y punición de los actos golpistas perpetrados por Bolsonaro y sus cómplices dentro de los cuarteles militares. Hace unos días atrás Lula ya había advertido a algunos de sus correligionarios del Partido de los Trabajadores que no deseaba “remover las cicatrices del pasado”, una declaración cuestionada por muchos militantes que experimentaron en carne propia la represión y la violencia desatada por el régimen de excepción imperante hasta 1985.

Organizaciones de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil también recibieron con mucho malestar las expresiones del presidente y en una nota difundida a la opinión pública, más de 150 entidades reunidas en torno de la Coalición Brasil por Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Democracia calificaron las declaraciones del Ejecutivo como equivocadas y defendieron que rememorar esa fecha no significa remover el pasado, sino que implica discutir el futuro del país: “Repudiar vehementemente el Golpe de 1964 es una forma de reafirmar el compromiso de punir los golpes también del presente y eventuales tentativas futuras”.

Por lo mismo, es casi imposible no asociar los ataques golpistas que culminaron el 8 de enero del año pasado, con el sentimiento de impunidad que todavía cubre a los autores del Golpe de 1964. La memoria, en este caso, no debe hacer grandes esfuerzos para constatar que muchos de los protagonistas de ese periodo tenebroso de la historia brasileña se encuentran actualmente apoyando las embestidas golpistas de sectores de las Fuerzas Armadas y grupos de extrema derecha. Lo cierto es que los cuatro años del gobierno del ex capitán empoderaron a los militares en puestos estratégicos del aparato de Estado, lo cual fortaleció a los defensores del golpismo entre las filas castrenses. Bolsonaro reactivó en los militares un deseo de poder que siempre estuvo presente, aunque a veces por las circunstancias políticas se encontraba en estado latente o larvado.

Temiendo que este deseo de poder de los militares se pueda expresar en cualquier momento, la actual gestión de Lula asumió un papel extremadamente conciliatorio para vincularse con los militares. Debido a lo anterior, el gobierno viene concediendo muchos beneficios a las Fuerzas Armadas como el aumento del presupuesto para la compra de equipos y material de guerra, reajuste salarial, planos previsionales y de salud exclusivos y un conjunto de otros beneficios económicos para sus integrantes.

Volviendo al ámbito de los Derechos Humanos, el gobierno también desistió de la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos luego de ser discutida, en este sentido, una iniciativa elaborada por el Ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida. Esta idea surgió después que el Ministro Almeida quedará impresionado con la experiencia chilena después de visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en su paso por Santiago en septiembre del año pasado, con motivo de las conmemoraciones de los 50 años del Golpe de Estado en Chile.

Por último, la Comisión para la Justicia y la Verdad de Muertos y Desaparecidos creada durante el periodo de la Presidenta Dilma Rousseff, y que fue extinguida durante el gobierno Bolsonaro, todavía no ha sido repuesta por el actual gobierno, contrariando uno de sus compromisos de campaña. Aquellos que tenían la expectativa que el tercer mandato de Lula pudiera establecer un nuevo marco de relaciones con las Fuerzas Armadas, reforzando su carácter profesional e institucional fuera de la política interna, tendrán que resignarse a ver frustradas dichas aspiraciones, pues la amenaza que siguen representando los militares como “poder moderador” va a continuar pendiendo como una espada de Damocles sobre la democracia y la vida de los brasileños.

Nuestra condición ecosistémica

Adolfo Estrella

El Desconcierto

La arrogancia y la ignorancia acerca de nuestra condición ecosistémica ha causado mucho daño. Nuestros espacios de vida están mal diseñados, no respetan las leyes de la naturaleza. Los mega incendios se producen por un déficit de consideración ecológica en general y ecosistémica en particular y constituyen un desastre total no sólo urbano y humano.

Los mega incendios recientes, desaparecidos ya de la débil y manipulada memoria colectiva, han puesto en evidencia -una vez más- nuestra fragilidad ecosistémica, coincidente con la precaria y desregulada expansión urbana de las ciudades chilenas. No cabe duda que los incendios tienen un componente intencional en su ignición concreta, pero este origen no es el mayoritario en relación al conjunto de sus causas.

Las probabilidades de combustión y propagación dependen de muchos factores, entre las que se encuentran las condiciones climáticas, junto con la existencia de abundantes interfaces urbano-rurales degradadas. En estos espacios se han producido en Chile el 60% de los mega incendios de las últimas décadas. Y no hay ningún programa nacional ni de precaución ni de reparación de daños adecuado a la magnitud de lo que se avecina.

Insistir en la intencionalidad como causa de los incendios sirve para liberar tensiones y hacer declaraciones enfáticas buscando efectos mediáticos, pero, como señala Jaime Hurtubia, funciona “como un escudo” para evitar señalar causas y responsabilidades mayores, haciendo perder un tiempo social y político del que no disponemos.

Diariamente se producen docenas de incendios de origen humano, accidentales e intencionales, pero unos pocos se transforman en incendios mayores y de esos muy pocos en mega incendios. Sin embargo, estos últimos son los que producen los daños más importantes. Los mega incendios han aumentado de manera exponencial en todo el mundo, no sólo en Chile. Es imprescindible salir de un localismo con anteojeras incapaz de ver los contextos mayores en los cuales se desenvuelve lo particular.

Dadas las urgencias y las dimensiones de las cadenas causales de estos y otros muchos desastres, el enfoque debe ser ecosistémico, es decir, precisando las condiciones estructurales que posibilitan la generación y propagación de incendios y, a la vez, las soluciones estatales y comunitarias de precaución, resiliencia y resistencia frente a un fenómeno que reúne todas las condiciones para ir en aumento.

Por definición, un enfoque ecosistémico requiere de una mirada de conjunto, es decir, necesita aquello que rutinariamente se afirma, pero nunca se cumple: la famosa perspectiva sistémica. En este caso en su dimensión socio ecológica. Mirada imposible si los espacios quemados no se corresponden con unas divisiones administrativas ajenas a las diferencias bioclimáticas y geomorfológicas que tanto influyen en la propagación de los incendios y su posterior reparación. Nuestros municipios han sido diseñados sin tomar en cuenta las características de los biomas y las ecorregiones donde se instalan. Las divisiones administrativas no coinciden con las divisiones de la naturaleza y eso es grave.

Una expansión urbana caótica, salvaje y clasista combinada con sequías prologadas, altas temperaturas, poca humedad y abundantes monocultivos forestales entretejidos con viviendas precarias, junto con conductas, individuales y colectivas, irresponsables por parte de las propias comunidades afectadas, constituyen los factores propiciadores de tormentas de fuego perfectas.

Estos eventos seguirán repitiéndose a menos que se reoriente el diseño y rediseño de nuestras ciudades con una visión ecosistémica, seria, vinculante, propositiva y no meramente declarativa. Como siempre, en las cuestiones que afectan a las crisis ecológicas que tenemos ante nuestros ojos, los diagnósticos están hechos, las causas y responsabilidades están inventariadas y las posibles vías de acción están claras. El déficit es de proyectos y voluntades políticas que se propongan cambiar lo que el diagnóstico define como negativo.

La interacción, la con-vivencia y la codependencia de componentes bióticos y abióticos en un lugar determinado, es el rasgo común a las múltiples definiciones de ecosistema, a partir de la proposición fundacional que hizo Arthur Tansley en 1935. Como muchos conceptos en esta época de exceso informativo y banalización del saber, el de ecosistema se ha gastado, por uso y abuso, perdiendo la consistencia y la radicalidad que tuvo cuando nació y señaló la ineludible interacción de la vida consigo misma y con lo no viviente y, al mismo tiempo, la fragilidad de ambas.

Desde hace tiempo se habla de “gestión de los ecosistemas” o de “provisión de servicios ecosistémicos” como parte de la ideología y estrategias del “desarrollo sostenible”, es decir, se ha convertido en un concepto inocuo y “técnico”, algo administrable de acuerdo a lógicas de eficiencia y eficacia. La naturaleza y los ecosistemas se han convertido en algo a tener en cuenta, algo “a cuidar”, “a conservar” del mismo modo que el “medioambiente” y el “paisaje”, en tanto son los escenarios para la acción de los actores económicos guiados por una razón utilitarista y cortoplacista.

Pero “ecosistema” es una categoría que excede el campo de la disciplina ecológica y de la economía, y se abre a un espacio empírico y existencial de amplio alcance. Los ecosistemas son la premisa o condición de la vida, natural y social, es decir, incluye a las células y a las ciudades, a los protozoos y a las empresas, a los hongos y las escuelas.

Cuando el concepto de ecosistema incorpora a los sistemas sociales nos habla del intercambio de energía, materiales e información, pero también nos habla de identidad, de pertenencias, de cultura, de política, de ética, de historia, de memoria, de cogniciones, de significados, de interpretaciones, de afectos, de deseos… actuando en la compleja malla de la vida natural y social. Los ecosistemas tejen la trama de la vida y en ella estamos imbricados. Los seres humanos somos parte de ella. No ocupamos ninguna meta posición privilegiada y éticamente superior. La visión ecosistémica nos ayuda a salir del estrecho punto de vista antropocéntrico, arrogante y banal, que tanto perjuicio ha causado a todos.

Desgraciadamente, vivimos en ecosistemas muy antropizados: los hábitats humanos dominan sobre los hábitats de otras especies a las que he hemos desplazado o simplemente exterminado. Los lugares que ocupamos son muy poco atractivos para la mayoría de las otras formas de vida. Somos los únicos seres sobre la Tierra que producimos basura, es decir, residuos, frente a los cuales la naturaleza no sabe qué hacer. Somos un ruido incómodo en la sinfonía de la vida.

La arrogancia y la ignorancia acerca de nuestra condición ecosistémica ha causado mucho daño. Nuestros espacios de vida están mal diseñados, no respetan las leyes de la naturaleza. Los mega incendios se producen por un déficit de consideración ecológica en general y ecosistémica en particular y constituyen un desastre total no sólo urbano y humano.

Pero, lo sepamos o no, lo aceptemos o no, somos, como humanos, seres ecosistémicos, a la vez históricos y biológicos. Nuestra coexistencia, implica una co-pertenencia y una co-dependencia ineludible en relación a todos los otros entes del mundo. “Existir es coexistir”, dice Timothy Morton. Nuestra condición ecosistémica nos brinda posibilidades y, a la vez, nos impone límites. La conciencia de posibilidades y constricciones para la acción debería haber hecho de nosotros seres razonables, ponderados y precavidos. No obstante, estamos destruyendo, mediante un productivismo y un consumismo desbordado, las propias condiciones de posibilidad de vida en la Tierra, no sólo la nuestra. Llevamos décadas de advertencias, pero seguimos jugando al aprendiz de hechicero. Las consecuencias están a la vista, para quien quiera verlas.

Se ensancha la brecha dentro del MAS

Olivia Arigho-Stiles

Jacobin América Latina

El conflicto entre Evo Morales y Luis Arce por la presidencia de Bolivia en 2025 no solo divide al Movimiento Al Socialismo, sino también a los movimientos sociales y sindicatos que forman su base.

Junto a las bulliciosas fiestas callejeras del carnaval, a finales de febrero se celebraron en toda Bolivia las tradicionales ceremonias de ch’alla. Durante las mismas se quema incienso y se ofrecen bendiciones de hojas de coca y alcohol a la Pachamama en rituales que afirman los lazos de reciprocidad entre la gente y la Madre Tierra. Pero hoy, además del inoportuno chaki (resaca) festivo, la profundización de la fractura política y social se suma al dolor de cabeza de la izquierda y los movimientos progresistas de Bolivia.

Desde que en 2020 el Movimiento al Socialismo (MAS) volvió al poder de la mano de Luis Arce, el expresidente Evo Morales estuvo alineando a su base de apoyo con la esperanza de volver a ser presidente. Pero en diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia dictaminó que los presidentes solo pueden mantenerse en el poder un máximo de dos mandatos y que la reelección indefinida «no es un derecho humano». La sentencia asestó un golpe catastrófico a las ambiciones presidenciales de Evo.

Desde entonces, Morales viene acusando a Arce, su exministro de Economía y estrecho aliado, de orquestar un intento de ilegalizar su posible nuevo acceso a la presidencia, declarando en X (antes Twitter) que está en marcha un «golpe judicial».

Lucha electoral

Para forzar elecciones en el Poder Judicial (que de acuerdo con la Constitución plurinacional deberían haberse celebrado en diciembre), a finales de enero Evo Morales movilizó a sus bases en el corazón cocalero de Cochabamba, impulsando bloqueos a lo largo de las carreteras que conectan esa ciudad con el centro de negocios de Santa Cruz. Los bloqueos, que combinan la exigencia de elecciones judiciales con otras reivindicaciones locales, provocaron escasez de alimentos y combustible y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Huáscar Salazar, economista y miembro del Centro de Estudios Populares de Bolivia, afirma que hay pocas esperanzas de conciliación entre los dos bandos. «Lo que estamos viviendo en este momento es esa pulseada, en la que Evo y Arce se disputan la sigla del Movimiento al Socialismo y, sobre todo, la candidatura a la presidencia de ese partido para 2025».

Y agrega: «El problema es que esta pulseada está teniendo tremendas consecuencias para las organizaciones de base, cada vez más divididas en sus estructuras internas; pero también es un problema que esta disputa está sucediendo en medio de una crisis económica cada vez más palpable de la que nadie quiere hacerse cargo». El dramático aumento de los bloqueos este mes, así como su distribución geográfica, puede verse en una infografía elaborada por Mauricio Fonda, activista de datos abiertos residente en Bolivia.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, los cargos electos del MAS se reparten entre las líneas arcista y evista. Las elecciones al Poder Judicial que debían celebrarse el año pasado se han estancado debido al desacuerdo sobre los candidatos preseleccionados acordados por la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS. En Bolivia, los magistrados del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura se eligen por sufragio directo cada seis años.

Con este estado de cosas, quienes salen ganando son los arcistas, porque la actual composición del Tribunal Constitucional Plurinacional viene favoreciendo sus intereses, como ocurrió con el reciente fallo sobre la elección de Morales. Y la condición de mandatario de Arce le da mucha más influencia sobre las instituciones del Estado, que utilizó en su beneficio.

La reelección de Morales es una cuestión irresuelta desde 2017 y estuvo en el centro del golpe de 2019. La Constitución prohíbe que alguien ocupe la presidencia durante más de dos mandatos consecutivos. En 2016, Morales perdió por poco un referéndum que habría anulado la Constitución y le habría permitido presentarse de nuevo. Entonces llevó la decisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que le era favorable, que dictaminó que la reelección era un derecho humano y anuló el referéndum.

Muchos bolivianos consideraron esto como una farsa legal y antidemocrática, lo que fue un factor importante en la movilización contra Evo de las clases medias urbanas y los movimientos sociales opositores en octubre de 2019, cuando un golpe de Estado permitió a la evangélica de extrema derecha Jeanine Áñez hacerse con la presidencia de facto.

Con el respaldo de Morales, Arce fue elegido presidente en octubre de 2020, después de que finalmente se celebraran elecciones, un año después del golpe. El actual conflicto entre arcistas y evistas se centra en el control del propio MAS, que en las últimas dos décadas se consolidó como un partido de gobierno duradero.

Los antagonismos sociales y el MAS

Los recientes bloqueos son un indicador de que Evo Morales aún puede movilizar a una base amplia y motivada. Los bloqueos tienen una larga y eficaz historia en Bolivia y son una característica de la mayoría de los conflictos sociales. En 1999, durante la Guerra del Agua de Cochabamba, una coalición de campesinos, trabajadores de fábricas y activistas comunitarios se unieron para bloquear las carreteras en respuesta a una nueva ley neoliberal que habría privatizado el agua.

Del mismo modo, después del violento golpe de Estado de Luis García Meza en 1980, los campesinos bloquearon las carreteras para impedir que los militares avanzaran por el campo expandiendo una grave represión. Más recientemente, en 2019, mineros y movimientos campesinos bloquearon las carreteras fuera de las ciudades para obligar a Áñez a convocar elecciones tras casi un año de un gobierno golpista caracterizado por el fraude, la corrupción y las masacres.

Los bloqueos surgen de una facción del MAS. Es importante señalar que el MAS no es tanto un partido político ortodoxo como una coalición cambiante de fuerzas sociales diferentes y a veces antagónicas en la base. La refundación de Bolivia como Estado «plurinacional» en 2009 se vio como un reflejo de sus elementos sociales plurales, un remedio para lo que el intelectual marxista boliviano René Zavaleta Mercado denominó una «sociedad abigarrada», compuesta por diferentes modos de producción, temporalidades históricas y formas de gobierno dentro de los confines de un Estado-nación (colonial).

Pero, en la última década, las divisiones en el MAS jugaron un papel destructivo en los movimientos de mineros cooperativistas, cocaleros, campesinos y trabajadores urbanos, que están fragmentados y a menudo tienen liderazgos paralelos.

Una crisis económica inminente

Uno de esos movimientos es la poderosa confederación sindical campesina, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuyas lealtades están repartidas. Los simpatizantes de Morales, como el actual líder Ponciano Santos, prometieron reanudar los bloqueos si no se atiende su demanda de elecciones judiciales. Santos fue elegido el año pasado en medio de un congreso nacional de la CSUTCB que acabó en reyertas y sillazos entre evistas y arcistas, y muchos elementos de la confederación no reconocen su autoridad. El año pasado, durante el congreso del MAS, Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, fueron expulsados del partido.

Y a los problemas políticos de Arce se suma el sombrío panorama económico de Bolivia. Desde el año pasado hay una aguda escasez de dólares y el peso boliviano se ha devaluado. Como señala el economista Stasiek Czaplicki Cabezas, la devaluación representa una caída del 20% del valor de los ahorros en moneda local, lo que plantea un futuro de inseguridad financiera para muchos bolivianos, en particular para las clases medias. Todo ello suma presiones contra Arce, el economista formado en la Universidad de Warwick que se vio obligado a defender sus credenciales económicas.

Los candidatos presidenciales para las elecciones de 2025 deben decidirse este año, por lo que ambas partes intensifican la presión para dirigir de forma integral el aparato del MAS. Pero el prolongado conflicto está extendiendo su toxicidad a través de los movimientos sociales de Bolivia, dividiendo a las bases. Mientras tanto, las disputas en torno a las elecciones judiciales erosionan la fe pública en los órganos democráticos del Estado, mermando la legitimidad de cualquiera de los bandos que finalmente se alce con la victoria. En 2024, la política boliviana está más polarizada que nunca.

Milei y los 11 principios del nazismo

Sandra Russo

Página 12

Esta semana circularon profusamente por las redes los 11 principios de la propaganda de Josef Goebbels. Ya habían hecho su regreso en tiempos de Macri. Por aquel entonces, Durán Barba había dicho que Hitler era “un genio”, pero al consultor el que le dio de comer fue Goebbels y su fórmula.

No obstante, en 2016, ser nazi tenía costo social. Era otro país, y los derechos ganados en un modelo de país igualador y vanguardia en derechos humanos estaba muy fresca. Hablamos de derechos humanos tal como se entienden en todo el mundo. En 2016 no cayó bien en el establishment político y mediático aquel elogio a Hitler. Era “demasiado”. El mundo y esta sociedad en particular gozaban todavía de los anticuerpos históricos, que la pandemia y todo lo que sucedió después deshizo. Ya no hay anticuerpos, Hay, más bien, estímulos y estimuladores.

Todo se alteró entre la llegada de Macri al poder y hoy, que Milei entre otras cosas parece el inconsciente de Macri. Vuelven a circular como explicativos los 11 principios de Goebbels, pegándonos el latigazo de reconocer paso a paso lo que se ha puesto en marcha hace veinte años y hoy supura. Regímenes como el que asoma en la Argentina, ya muy lejos del Estado de Derecho, en una retirada consentida de los valores que nos hicieron Nación. Nadie votó la desintegración, pero a esta altura seguimos sin saber qué se votó.

El movimiento disolvente al que Milei desde que asumió quiere empujar a los gobernadores, ese convite a asistir a su monólogo, corre paralelo a una concepción goebbelsiana en términos de estrategias de manipulación masiva para generar un clima de guerra interno contra un enemigo generado artificialmente. La extorsión es material y simbólica: si no firman, serán narrativamente los responsables del inevitable fracaso de Milei. La psicopateada perfecta para un chico de primaria.

Esos 11 principios, ahora, en perspectiva, con las nuevas herramientas tecnológicas disponibles y el estado del mundo en una etapa renazificada pero con objetivos muy diferentes a los de los regímenes totalitarios del siglo XX, son algo más. Son un manual al que es más que obvio que se ha recurrido en los tanques de pensamiento de la ultraderecha, y cuyo funcionamiento uno puede comprobar cualquier día y sobre cualquier tema, en boca de miles de comunicadores, dirigentes políticos, activistas o personas comunes. Los apretamos mucho para enumerarlos, así sabemos de qué estamos hablando:

Principio 1, de simplificación y de enemigo único: adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar a un enemigo único; principio 2, del método de contagio: reunir a muchos enemigos en un enemigo único; principio 3, de la trasposición: cargar sobre el enemigo los propios errores o defectos; principio 4, de la exageración y desfiguración: convertir cualquier anécdota en una amenaza grave; principio 5, de vulgarización: la propaganda debe ser popular, partir del nivel menos inteligente de sus destinatarios; principio 6, de orquestación: propaganda de pocas ideas que se repetirán mucho; principio 7, de renovación: emitir constantemente información y argumentos a un ritmo que cuando el enemigo esté contestando a uno, el público ya esté interesado en otra cosa; principio 8, de verosimilitud: construir argumentos a través de los llamados globos sondas o informaciones fragmentarias; principio 9, de silenciamiento: acallar los temas en los que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorecen al enemigo; principio 10, de transfusión: la propaganda siempre parte de algo preexistente ya instalado, odios o prejuicios tradicionales; principio 11, de unanimidad: convencer a mucha gente de que “piensa como todo el mundo”.

Un párrafo largo, pero vale la pena. No todo se puede comprimir, no todo se puede mandar a un link. El listado produce escalofríos porque reconocemos muchas de las cosas que venimos padeciendo desde hace veinte años y que nos han arrastrado hasta este disparate trágico. Veinte años tienen muchos pibes que lo votaron.

Para esta región, el imperio se vale hasta del prototipo del realismo mágico: las explicaciones sobre la realidad en estos lugares siempre ha exhibido un plus distorsionado para dar cuenta, precisamente, de la distorsión del poder, de su inmovilidad.

El único cambio que vale la pena y que expresa la necesidad latinoamericana de los de abajo es que el poder cambie de caras y de nombres, pero sobre todo de beneficiarios. Lo que decía Milei y no hizo. Su farsa. El único cambio que vale la pena es el que va hacia un escenario en el que haya muchas más legisladoras como Natalia Zaracho, luchadores, aspirantes al poder popular, en condiciones de igualdad con representantes de otros sectores. Mondino, Lula tampoco terminó el secundario.

Lo demás es propaganda iletrada y repetitiva ofrecida a cobayos sin defensas. Y todos somos cobayos sin defensas cuando no entendemos el mundo en el vivimos, ni el mundo en el que viven los otros.